Archivo de la etiqueta: Juzgado Federal de Quilmes

Una nueva oportunidad para el Riachuelo

Finalmente fue aprobado el préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares en su primer tramo. En un momento signado por la crisis económica, el principal escollo para ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental acaba de ser removido por la decisión del organismo financiero. Luego de más de dos años de trabajo intenso, el programa de préstamo, sin precedentes por su magnitud, se convierte en realidad y con ello se vuelven las miradas a la clase política en su conjunto.  El indispensable respaldo político para ejecutar el Plan debe ser proporcionado en todas las instancias nacionales, provinciales y municipales para permitir que la causas de la contaminación puedan ser afrontadas cabalmente.

El rol de la Autoridad de Cuenca es determinante, naturalmente, para la adecuada ejecución del proyecto y para aunar esas voluntades político-institucionales en pos de un objetivo común, tal como lo exigió oportunamente la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 8 de Julio de 2008 y más recientemente el Juzgado Federal de Quilmes  en su resolución del 22 de Mayo de 2009. Es que el desafío institucional sigue ocupando un rol primordial en la estrategia de saneamiento del Riachuelo, aun a pesar de los pactos interjurisdiccionales, la ley marco 26.168 y sus adhesiones y  las resoluciones dictadas por el Poder Judicial.

Habrá que tener presente que el Banco Mundial y en particular el préstamo otorgado, por sí solos, carecen de virtualidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del proyecto. Podrán ejecutarse obras de saneamiento básico, limpiarse márgenes y removerse basurales, promoverse la reconversión industrial con líneas de crédito blandas y donaciones, erigirse polos industriales y crearse nuevas sedes administrativas para descentralizar la acción de la autoridad. Nada de eso será eficaz sin la savia conductora de la decisión política encarnada sustancialmente en el ejercicio de una facultad indelegable de la Administración Pública: el ejercicio cabal y unificado del poder de policía ambiental.

Por eso es que concluimos con una obviedad. Existen dos maneras de ejecutar un crédito de magnitud inédita en la historia de la región para saneamiento de cuencas hídricas: a) ejecutarlo formalmente, con una visión aislada de sus módulos y propendiendo a un cumplimiento formal ó b) ejecutarlo consistentemente, haciendo jugar sus componentes de manera funcional a los objetivos de recuperación ambiental que inspiraron a quienes concibieron el programa de préstamo en respuesta a un reclamo social instalado ante el Máximo tribunal de la República.

En ese contexto, las variables de saneamiento cloacal, saneamiento de residuos y reconversión industrial constituirán aspectos centrales de la estrategia de saneamiento, donde corresponderá trabajar intensamente en la elaboración de indicadores consistentes, planes posibles y compromisos firmes y afianzados por todos los actores.

La crisis económica, al final del día, como principal sombra que acechaba al saneamiento del Riachuelo, encuentra en este programa un antídoto financiero.  Una nueva oportunidad queda planteada para desmitificar el insondable misterio “institucional” del Riachuelo. Que así sea. 

Alejandro Rossi,  10/6/09

Se publicó el reglamento para determinar “agentes contaminantes”

ACCION Y REACCION:  SALUDABLE TENSION.

LA AUTORIDAD DE CUENCA APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE AGENTES CONTAMINANTES.

 

Por Alejandro Rossi

I. La noticia. Acción y reacción.

Luego de casi 4 meses desde su aprobación[1], y a tan sólo una semana de la denuncia formulada por el Defensor del Pueblo de la Nación y las ONGs nucleadas en torno a la causa “Mendoza” referida a la falta de resultados concretos al cabo de 9 meses de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, fue publicada en el Boletín Oficial del día de hoy la resolución que aprueba el Reglamento para la determinación de Agentes Contaminantes (RAC) de la cuenca Matanza Riachuelo.

El proyecto había sido tratado por el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca durante a finales de Diciembre de 2008, casi simultáneamente a la entrada en funciones del nuevo Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Razones de oportunidad, mérito o conveniencia demoraron la publicación y puesta en vigencia de la norma. Sin embargo, a partir del 31/3/09 el RAC se encuentra activo y comienzan a correr los plazos establecidos para la identificación de aquellas personas físicas o jurídicas que generan efluentes contaminantes.

II. La lógica de procesos contenida en la sentencia de la Corte Suprema

El origen de la resolución es el cumplimiento de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, en ocasión de dictar la sentencia del 8 de Julio de 2008. Allí, el Máximo Tribunal a través del considerando 17, párrafo III) delineó una lógica de procesos para el control de la contaminación en el ámbito de la cuenca, a través de seis cargas puntuales en cabeza de la Autoridad de Cuenca, a saber:

1)       La realización de inspecciones a todas las empresas existentes en la cuenca Matanza-Riachuelo en un plazo de 30 (treinta) días hábiles;

2)       La identificación de aquellas empresas que se consideren agentes contaminantes, mediante el dictado de la resolución correspondiente;

3)       La intimación a todas las empresas identificadas como agentes contaminantes que arrojan residuos, descargas, emisiones a la Cuenca Matanza-Riachuelo, para que presenten a la autoridad competente el correspondiente plan de tratamiento, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la Autoridad de Cuenca que se contempla en el punto anterior;

4)       La consideración y decisión dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles por parte de la Autoridad de Cuenca sobre la viabilidad y, en su caso, aprobación del plan de tratamiento a que se refiere el punto anterior;

5)       La orden para las empresas cuyo plan no haya sido presentado o aprobado, luego de la resolución de la Autoridad de Cuenca que así lo establezca, de cese en el vertido, emisión y disposición de sustancias contaminantes que impacten de un modo negativo en la cuenca. El dictado de la resolución que así lo disponga no podrá exceder el plazo de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la presente;

6)       La adopción —por parte de la Autoridad de Cuenca— de las medidas de clausura total o parcial y/o traslado. Estará facultada para extender el plazo o proponer alguna otra medida cuando se acredite que existe imposibilidad económica de pagar los costos de tratamiento o cuando exista una situación social de gravedad;

III. El contexto metodológico del nuevo reglamento

La Autoridad de Cuenca realizó oportunamente un relevamiento de industrias que presentó ante el Juzgado Federal de Quilmes, de manera tal de integrar un universo primario de establecimientos relevados que alcanzan los 4.103 registros.

En ese contexto, el reglamento aprobado constituye una metodología para definir cuáles de esos establecimientos registrados deben ser considerados como “agentes contaminantes” en la terminología del acápite (2) del Considerando 17 de la Sentencia dictada por la Corte Suprema.

A medida que los establecimientos sean declarados como agentes contaminantes –e independientemente de su incorporación o no al registro que crea la norma–  cada uno de ellos será pasible del cumplimiento de la carga de presentar un “Plan de tratamiento” dentro del plazo de 30 días, que deberán computarse a partir de la intimación.

Sin embargo, la presentación de un Plan de tratamiento podrá ser reglada por la Administración a través de un reglamento específico de la Autoridad de Cuenca que, a la fecha no ha sido publicado. La ausencia de tal reglamento no constituye un obstáculo en sí mismo para la presentación de los denominados “Planes de Tratamiento”. Sí en cambio, deberán cumplirse por la Autoridad de Cuenca los procedimientos detallados en el reglamento que es objeto de análisis, conforme las exigencias contenidas en la sentencia de la Corte Suprema.

IV. Aspectos salientes del nuevo reglamento

1. Ambito subjetivo

De acuerdo a lo previsto por su artículo primero la determinación de agentes contaminantes se realizará sobre dos tipos de sujetos:

a)     Aquellos establecimientos emplazados en el ámbito de la cuenca Matanza Riachuelo, en función de la definición contenida en el art. 1º de la Ley 26.168, que adscribe a un concepto “jurisdiccional” de cuenca hídrica[2].

b)    Aquellos establecimientos que sin pertenecer al ámbito geográfico de la cuenca hídrica Matanza Riachuelo, han sido demandados en la causa “Mendoza” y generen alguna de las sustancias o parámetros contenidos en el Anexo I, con incidencia en el denominado “frente sur del río de la Plata”, de manera incompatible con los usos y objetivos de calidad que defina la Autoridad de Cuenca.

En este segundo caso, como puede verse, se trata de cuatro condiciones concurrentes que deben verificarse.

Sin embargo, y tomando en consideración que a la fecha no han sido definidos los usos y objetivos de calidad, resulta de aplicación la cláusula subsidiaria prevista en la parte final del primer párrafo del artículo 1º que dispone, para el caso que no hubieran sido aprobados los usos y objetivos de calidad para la Cuenca Matanza Riachuelo, la aplicación de los parámetros establecidos en la Resolución ACUMAR 1/2007 que aprueba la Tabla Consolidada de Límites Admisibles para descargas de Efluentes Líquidos.

Resulta claro que el objetivo de la regulación es evitar que los principales demandados en relación a la contaminación del Riachuelo pudieran ser excluidos del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida que ello lesionaría el principio de “cosa juzgada”.

c) Los establecimientos generadores de emisiones gaseosas o generadores de residuos sólidos también podrán ser sujetos pasivos de la declaración de agente contaminante, considerando lo establecido por el párrafo segundo del art. 1º del RAC.

En relación a la situación específica de AySA, corresponde remitirse al acápite siguiente.

Finalmente, para todos los casos corresponde tomar en consideración que la declaración se extiende siempre sobre una persona, física o jurídica, en su calidad de titular de un establecimiento determinado. Por lo tanto no extenderse la declaración de agente contaminante a sujeto, en forma general, sino a un establecimiento específico bajo la titularidad de un sujeto determinado.

2. Procedimiento para la declaración administrativa de “agente contaminante”

El RAC dispone en su art. 4º, primer párrafo,  que la Autoridad de Cuenca, previo a estar en condiciones de declarar como “agente contaminante” a un establecimiento determinado, deberá ejecutar “in situ” aquellos controles que correspondan “los que podrán incluir registros de caudales con toma y análisis de muestras en su caso, con cargo al sujeto inspeccionado y a los efectos de verificar la información disponible sobre cada procedimiento”.

La norma se encuentra orientada a impedir declaraciones “en abstracto”, lo cual es positivo, aun cuando corresponderá delinear con mayor claridad en la práctica cuál será el modus operandi previo a cada Informe Técnico que sea presentado ante la Comisión Interjuridiccional de Control. Por lo pronto resulta claro que:

a)     Debe existir una inspección.

b)    Esa inspección “puede” comprender toma de muestras.

c)     Podrán exigirse al establecimiento estudios complementarios

d)    Podrán considerarse estudios realizados anteriormente por otras autoridades competentes (por ejemplo, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires) conforme lo determine la Comisión Interjurisdiccional de Control[3].

El Reglamento establece que la declaración de agente contaminante debe materializarse a través de actos administrativos de alcance particular a cargo de la Presidencia de la  Autoridad de Cuenca[4].

La aclaración no es menor, pues no se trata de un acto deliberativo a nivel del Consejo Directivo, sino de un acto a cargo del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, investido de su calidad de Presidente de la ACUMAR. Ello no obstante, deberá pronunciarse previamente en cada caso el Consejo Directivo en base a los informes producidos por la Comisión Interjurisdiccional de Control, que es aquella encargada de supervisar los controles, inspecciones y denuncias formuladas por particulares.

No se trata, sin duda alguna, de un procedimiento ágil. Con dos instancias deliberativas y una decisoria, la declaración de agente contaminante puede demorarse meses. Por ello es deseable que se desarrolle una metodología de trabajo interjurisdiccional que sea a un mismo tiempo razonable y eficaz para identificar los agentes contaminantes dentro de plazos previsibles.

Contra la decisión del Presidente de la Autoridad de Cuenca, expedida conforme los canones vigentes de la Ley 19.549 de procedimientos administrativos, podrá interponerse el Recurso de Alzada, que será resuelto por el Jefe de Gabinete de Ministros, si bien dicho recurso no tendrá efecto suspensivo, conforme a lo previsto en el art. 2º, párrafo tercero, siempre y cuando el Poder Judicial no resuelva en sentido contrario.

Finalmente, el art. 6º del RAC dispone que los establecimientos que resulten sujetos pasivos de la declaración de agentes contaminantes deberán ser incorporados a un Registro de Agentes Contaminantes de la Cuenca Matanza Riachuelo (RACOMAR) que deberá ser actualizado mensualmente y publicado en el sitio web de la Autoridad de Cuenca.

3. Efecto de la declaración de “agente contaminante”

El RAC dispone que la declaración tendrá como “únicos efectos” el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema en orden a la presentación de los denominados Planes de Tratamientos que deberán ser, a su turno, aprobados o rechazados por la Autoridad de Cuenca (artículo 2º, párrafo segundo).

Se trata de una aclaración especialmente significativa en atención a la “calificación” contenida por el reglamento. En efecto, la Corte Suprema refiere en la sentencia del 8/7/08 a las existencia de “agentes contaminantes” que deben ser identificados y declarados como tales por la Autoridad de Cuenca.

Sin embargo, la literatura comparada entiende por “agentes” contaminantes a las sustancias que bajo ciertas circunstancias pueden generar efectos contaminantes. Por ello que al adscribir el Máximo Tribunal una impronta “subjetiva” al agente, es importante circunscribir los efectos de dicha declaración para evitar que ella comporte algo así como un “prejuzgamiento” en sede administrativa respecto del eventual “daño” que el “agente” sea susceptible de generar en los términos del Código Civil o aun en los términos de lo previsto en la Ley General del Ambiente Nº 25.675. Esa es la razón de la aclaración contenida en el segundo párrafo del art.2º RAC que resulta de capital importancia a la hora de enervar posibles imputaciones de responsabildad o interposición de medidas cautelares basadas en una eventual “verosimilitud” que se desprendiera de la declaración de la empresa como “agente contaminante”.

4. Acerca de los “Planes de Tratamiento”

Ya señalamos que el objeto “primario” del RAC es formular una declaración en sede administrativo cuyo efecto consistirá en obligar al titular del establecimiento a presentar un “Plan de Tratamiento”, en la terminología adoptada por la Corte Suprema de Justicia en ocasión del dictado de la sentencia de fecha 8/7/2008.

El art. 5º del RAC dispone que a tal efecto existirá un régimen establecido por la Autoridad de Cuenca para instrumentar los denominados “Programas de Reconversión Industrial”, que deberán ser presentados por los sujetos pasivos de la declaración dentro del plazo de 30 días.

Sin embargo, mientras tal procedimiento administrativo no sea aprobado, la necesidad de cumplir con plazos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del proceso de ejecución de sentencia, corresponderá a las empresas “hacer camino al andar” y presentar los planes dentro del plazo previsto.

V. La situación de AySA

La parte final del primer párrafo del art.1 del  RAC dispone que los criterios establecidos para la identificación de agentes contaminantes no se aplicarán a la prestataria del servicio de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, para quien serán de aplicación las disposiciones de la Ley 26.221, es decir, el Marco Regulatorio de tal servicio.

El intérprete desprevenido podría considerar que siendo AySA un contribuyente “mayorista” de efluentes domiciliarios y asimilables, no podría escapar a ser considerado como un agente contaminante. Y esto, en rigor, es cierto.

Si esto es así, por qué AySA parece exento de ser declarado como agente contaminante? Precisamente por su condición peculiar de “gran contribuyente”, por la sustancia gubernamental de su naturaleza y por el origen de los efluentes (nótese que AySa es, en definitiva, un transportista de efluentes generados por los particulares usuarios de servicios públicos e industrias).

Por todas estas razones, AySA es considerado un generador particular. Tan particular que se ha diseñado un Plan de Tratamiento ad hoc. Considerando su especial cualidad de transportista, las externalidades que descargan en el servicio público los usuarios domésticos y los usuarios industriales, así como las complejidades económico financieras asociadas a un remozamiento de sus instalaciones. Todo ello ha sido volcado en el diseño de un Plan Director Cloacal que no ha sido fruto de la sola elaboración del staff de la empresa, ni tampoco de la Agencia de Planificación, sino que es fruto de la interacción con la Autoridad de Cuenca que en fecha 1-7-08 suscribió con las restantes partes un Acuerdo de Convergencia, que fue finalmente ponderado por el Juez Federal de Quilmes como eje de la estrategia de obras en ocasión de su proveído de fecha 20/11/2008.

En ese contexto afirmamos que el Plan de Tratamiento de AySA es su Plan Director Cloacal homologado por la Autoridad de Cuenca y con la intervención del juez de ejecución de sentencia.

Tan importante es esta cuestión que su tratamiento se ha anticipado a las restantes declaraciones y Plan de Tratamiento, y es objeto actualmente de la gestión de un programa de financiamiento mixto integrado con fondos presupuestarios y extra-presupuestarios.

No sería por lo tanto necesario declarar a AySA como agente contaminante, en definitiva, pues la virtualidad de esta declaración consiste en la obligatoriedad de presentar un Plan de Tratamiento que, en el caso, ya ha sido presentado y se encuentra en fase de su delineación definitiva que, a su turno, deberá ser intervenida por el Juez Federal de Quilmes.

VI. Conclusiones

Con la aprobación y publicación del nuevo reglamento (RAC) la Autoridad de Cuenca cumple con lo previsto en la sentencia de la Corte Suprema (Considerando 17, apartado 3).

La Autoridad de Cuenca deberá instar los actos administrativos de alcance particular tendientes a determinar en cada caso los sujetos (personas físicas o jurídicas) titulares establecimientos susceptibles de ser declarados como agentes contaminantes. Para ello podrá basarse en estudios existentes o realizarlos ad hoc.

Una vez que el establecimiento sea declarado como agente contaminante, su titular podrá interponer el recurso de alzada o, en caso de silencio, dará inicio el plazo de 30 días previstos para la presentación del Plan de Tratamiento.

Salvo que la Autoridad de Cuenca reglamente la metodología para la presentación y aprobación de Planes de Tratamiento, las titulares de establecimientos declarados como agentes contaminantes, deberán elaborar una metodología de adecuación tendiente a asegurar los usos y objetivos de calidad.

Preventivamente, aquellos establecimientos que no han sido declarado como agentes contaminantes podrían presentar Planes de Tratamiento con el propósito de colaborar con la Administración y coadyuvar a una conducta responsable desde el punto de vista ambiental y social.

Mientras no sean aprobados los usos y objetivos de calidad para la cuenca Matanza Riachuelo, resultarán de aplicación las normas vigentes en materia de admisibilidad de descargas de efluentes a los cuerpos receptores, es decir la Resolución ACUMAR Nº 1/2007, con excepción de AySA que deberá continuar observando las normas contenidas en el Anexo B del Marco Regulatorio aprobado por Ley 26.221 en tanto se desarrolle el Plan Director Cloacal.

 

Texto del Reglamento Agente Contaminante (RAC) ;resolucion-acumar-1-2008

 
 

 

 

 

 

 

 

[1] Resolución aprobada el pasado 22/12/09.

[2] Este concepto “amplio” podría restringirse a través de un reglamento de circunscripción geográfica basado en criterios hidrológicos, que a la fecha no existe.

[3] Como puede verse, la Comisión Interjurisdiccional integrada por los representantes técnicos de la Autoridad de Cuenca, así como de cada uno de los organismos representados en su Consejo Directivo y otros organismos con competencia directa tales como la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, cumple un rol trascendental en este procedimiento de declaración de agentes contaminantes.

[4] No resulta viable, por lo tanto, el dictado de un acto administrativo que englobe un “listado” de establecimientos.

 

 


Nota a la Resolución del Juzgado Federal de Quilmes fechada Noviembre 20, 2008

I. Antecedentes

 

En el marco de la estrategia denominada de “ponderación anticipatoria”, el Juzgado Federal de Quilmes exigió a la Autoridad de Cuenca la presentación de distintos informes relacionados al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema en fecha 08/07/08, en este caso circunscriptos a los objetivos de saneamiento cloacal y fortalecimiento del organismo interjurisdiccional a cargo de la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental[1].

 

En materia cloacal, la ACUMAR presentó lo actuado en el ámbito de la comisión interjurisdiccional de infraestructura y específicamente un documento de convergencia[2] entre el Plan Director Cloacal a cargo de AySA y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, del cual se desprenden los acuerdos entre las áreas de Ambiente y Planificación, respectivamente, para ejecutar las obras relacionadas con los objetivos de saneamiento cloacal.

 

Asimismo, se celebraron sobre este mismo objetivo dos audiencias en el Juzgado Federal de Quilmes (fechadas 12 y 13 de noviembre 2008) a los efectos de precisar los compromisos asumidos por los distintos actores, entre los cuales se considera de manera determinante el financiamiento de dichas obras a través de un crédito internacional actualmente en proceso de gestión ante el Banco Mundial, como consecuencia de los cuales el Juez estableció el plazo del 6/4/09 para la presentación definitiva de los compromisos en materia de saneamiento cloacal.

 

Finalmente, y en relación con la obtención del crédito internacional antes referido, se destaca la necesidad de asegurar la estrategia de fortalecimiento institucional del organismo del cuenca “…a los fines de poder dar fiel y acabado cumplimiento con el fallo de la C.S.J.N., dar estricta conclusión al presupuesto a utilizarse y esterizar a dicha autoridad de toda posible ingerencia política indebida”.

 

II. Aspectos sustanciales

 

Enmarcado en la política judicial de tutela anticipatoria, el resolutorio conmina a la Autoridad de Cuenca a dar adecuada continuidad (que el Juzgado Federal adjetiva con la referencia a una modalidad “simultánea” e “ininterrumpida”)  a las acciones tendientes al cumplimiento del objetivo de saneamiento cloacal y en particular a las obras de :

 

a) Ampliación del Colector Margen Izquierda;

b) Desvío y Prolongación Bajo Costanero;

c) Emisario Riachuelo;

d) Planta de Tratamiento Riachuelo;

e) Estación de Bombeo Riachuelo y

f) Colector Margen Derecha.

 

El objetivo de tal emplazamiento es enunciado de manera muy precisa en los siguientes términos que transcribimos, dada su trascendencia: “… con el objeto de lograr por completo el cese del vertido de efluentes líquidos (el subrayado nos pertenece) industriales, peligrosos o especiales, residuos cloacales y domiciliarios, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole, que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, como así también que resulten útiles para la preservación de la calidad del agua de la misma”.

 

La cuestión no es menor, dada la significación presupuestaria y estratégica en cuanto a las consecuencias previstas de las obras sobre la cuenca Matanza Riachuelo[3]. Si bien es menester notar que en todo caso la metodología seguida oportunamente tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Juzgado de ejecución de sentencia, ha sido re-expresar, de manera asertiva y precisa, con plazos bien establecidos, los objetivos de política pública que en su momento comprometiera la misma Administración, todo lo cual conformó, en el caso, el denominado objeto de saneamiento cloacal, no es menos cierto que dichos compromisos son ahora contenidos positivos de una sentencia condenatoria en cabeza del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de las responsabilidad ejecutorias, en sede administrativa, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

 

Ahora bien, es dable conjeturar que, para el caso de variar todas o alguna de las circunstancias que hubieran dado base a la estructuración de la política pública definida por el Poder Ejecutivo (a través de la fórmula pluri-subjetiva que sustenta ACUMAR), pues entonces correspondería al organismo de cuenca acreditar justificadamente ante el Juzgado de ejecución de sentencia la circunstancia sobreviniente, la imposibilidad –por ejemplo, en caso de limitación presupuestaria–  o inconveniencia –por ejemplo, en caso de mejor alternativa tecnológica–  de mantener el curso trazado originalmente y, fundamentalmente, la descripción precisa del nuevo objetivo con su adecuado respaldo técnico, presupuestario y operativo, todo lo cual deberá ser ponderado por el juzgador, luego de dar intervención a las restantes partes del proceso de ejecución de sentencia.

 

III. Aspectos procesales

 

Es interesante destacar la visión finalista del instituto de la multa procesal instituida por la Corte Suprema en su resolución del 8/7/08, respecto de la cual la resolución comentada  imprime una visión, a la vez despersonalizada y ampliada. En efecto, señala el resolutorio que la eventual multa “…podrá ser aplicada sobre la autoridad obligada y los Estados que la conforman (el destacado nos pertenece), en cualquier etapa de este proceso y con los alcances esbozados en el Considerando 21 último párrafo del fallo a ejecutarse”.

 

De ello se desprende, en primer término,  la aplicación de la multa sobre la Autoridad antes que sobre la Presidencia de la misma, lo cual es acorde con la finalidad del instituto que es instar a que el organismo de cuenca en su conjunto adopte las decisiones necesarias para cumplir con la sentencia. Y en segundo término, que la multa puede recaer sobre los distintos Estados –y otra vez, no sobre los representantes de los Estados ante la Autoridad de Cuenca—en la medida que sus decisiones resulten contrarias al cumplimiento circunstanciado de las obligaciones establecidas en la sentencia.   La terminología “Estados” estaría, a nuestro entender, delimitando el conjunto formado por el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y excluyendo a los municipios de al cuenca, en concordancia con lo resuelto por la Corte Suprema en ocasión del dictado de la sentencia del 8/7/08.

 

En todo caso, la relectura del sujeto pasivo de la eventual aplicación de multas constituye a nuestro entender una saludable contribución del Juzgado Federal en aras de interpretar prudentemente el verdadero espíritu del astreinte en tanto “conminación al cumplimiento” antes que “expiación” de una pena.

 

Finalmente, también corresponde notar el emplazamiento eventual de responsabilidad extensiva, formulado en el resolutorio, en materia tanto civil como penal, a todos los funcionarios de la Administración Pública –en todos sus niveles se entiende– que intervengan, como así también a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinas S.A. (AySA) y sus directivos. Cabe aquí la observación en cuanto a que el sujeto pasivo de tal hipotética responsabilidad comprendería a los municipios, en tanto que comprendidos dentro del género “Administración”.

 

IV. Otros comentarios de interés

 

Resulta importante destacar la toma de posición del Juzgado Federal en cuanto a que las obras cloacales deben ejecutarse con el propósito de lograr “…por completo el cese de vertido de sustancias de cualquier tipo, que contamine el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, preservando la calidad del agua de esa cuenca, como así también la del Río de la Plata”.

 

Se trata de una obligación de medio, no de resultado, signada por el principio de progresividad previsto en la Ley General del Ambiente[4], pero que en la visión del Juzgador debe encaminarse inexorablemente hacia la supresión de todos los vertidos, que sean desde luego puntuales y adecuadamente identificados.

 

Cabe recordar, sin embargo, lo oportunamente establecido por la Corte Suprema en su resolución del 8/7/08 en cuanto a la necesidad de ordenar el cese de vertidos de aquellas actividades contaminantes (Considerando 17º, punto III, apartado 5), en concordancia con lo oportunamente solicitado tanto por los demandantes como por el Defensor del Pueblo de la Nación.

 


[1] El Resumen Ejecutivo del Plan Integral fue aprobado por Resolución ACUMAR Nº8/2007.

 

[2] Documento de Convergencia suscripto entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Agencia de Planificación (APLA), ACUMAR y AySA en fecha 1-7-08.

[3] Es importante tener en mente que la cuenca Matanza Riachuelo comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, a lo largo de los cuales discurre un curso de agua principal que comprende 64 km de extensión que atraviesa 14 Municipios de la Provincia de Buenos Aires y buena parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[4] Ley nacional 25.675, art. 4º.