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A cinco años de la segunda sentencia dictada para sanear la cuenca Matanza Riachuelo, existen varias asignaturas pendientes

ImagenEl 8 de Julio de 2008 se dictó la segunda sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Mendoza” referida al saneamiento de la causa Matanza Riachuelo. Por entonces, el Máximo Tribunal de la República delineaba un nuevo paradigma a partir del desborde de competencias judiciales sobre el Poder Ejecutivo con el propósito de brindar cabal cumplimiento a las garantías contenidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

 

La causa se había originado a partir de la demanda interpuesta por un grupo de vecinos del barrio de la Boca en el año 2003, la cual desembocó en una primera sentencia del Máximo Tribunal dictada en 2006. La pretensión de los vecinos estuvo centrada en la protección de los derechos a la salud de los vecinos.  La sentencia original (2006) planteó las grandes columnas para motorizar un plan de saneamiento de la cuenca que finalmente, mientras que la sentencia que hoy recordamos (2008), vino a poner en marcha, a través de un plan de acción originado, peculiarmente, en el Máximo Tribunal de Justicia.

 

 

Muchos son los aspectos que podemos valorar en este pronunciamiento. La coerción sobre sobre las Administraciones Públicas para impulsar acciones de saneamiento se encuentran en primer término por el lado del Poder Judicial. Por el lado del Poder Legislativo, cabe destacar la el dictado de la ley 26.168 (2006)  que estructuró la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en tanto que entidad unificadora de mandatos por entonces dispersos. Finalmente, por el lado del Poder Ejecutivo Nacional, la puesta en marcha de la Autoridad de Cuenca y sus múltiples programas es, actualmente, una realidad.

 

 

Sin embargo, es necesario volver a mirar la demanda presentada por los vecinos en el año 2003 para considerar si el camino transitado constituye el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles o si cabe todavía pensar en una política pública más eficiente en términos económicos, eficaz en términos operativos y justa en términos distributivos. Para ello presentamos solamente algunas ideas que esperamos resulten disparadoras de debates, estudios y acciones.

 

 

1) Con respecto al Poder Judicial: Los vecinos reclamaban una indemnización y un plan de acción de salud. Lo primero fue descartado con respecto a la competencia originaria de la Corte Suprema. La atención de la salud de las víctimas de la contaminación jamás fue resuelta y sigue siendo una necesidad impostergable, pero postergada. Tampoco se constituyó el Fondo Ambiental que había sido demandado por las víctimas. La conducción judicial de la ejecución de la sentencia se encuentra notoriamente debilitada a partir de la remoción del Juez Federal de Quilmes y las organizaciones de la sociedad civil que integran el Cuerpo Colegiado han quedado progresivamente debilitadas por la falta de liderazgo de la Defensoría del Pueblo y la falta de recursos económicos.

 

 

2) Con respecto al Poder Legislativo: Las acciones de seguimiento posteriores a la sanción de la ley han sido más bien burocráticas o teñidas de profundos sesgos políticos a través de eternos e ineficaces pedidos de información al Poder Ejecutivo. Brilla por su ausencia la constitución de un cuerpo técnico que pueda aportar diagnóstico en tiempo real sobre lo que funciona, y lo que no funciona en el marco de una ley tan determinante como lo es la 26.168.

 

 

3) Con respecto al Poder Ejecutivo: La sentencia de 2006 tomaba nota de la demanda vecinal sobre la desviación de fondos resultantes del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo.  Posteriormente fue gestionado y obtenido (2009) un préstamo del Banco Mundial #BM por 840 millones de dólares, del cual actualmente se ha ejecutado menos del 1%. A Junio 2013 se han desembolsado 7,1 millones de dólares y se han pagado 4,5  millones de intereses y cargos financieros. Otra vez la msma historia?

 

 

El seguro ambiental está lejos de ser una realidad útil para la prevención y  atención del eventual daño ambiental. Los planes de reconversión ambiental no se terminan de entender. Las organizaciones de la sociedad civil, más allá del Cuerpo Colegiado, no alcanzan a estructurar acciones convergentes para controlar y acompañar el trabajo de las autoridades y las empresas. 

 

 

A 5 años de la segunda sentencia dictada por la Corte, 7 años de la primera y 10 años de la demanda interpuesta por los vecinos de la Boca, el gran logro es sin duda, haber puesto el Riachuelo en la agenda política. A su vez, esto se ha proyectado en un logro institucional que es funcional a una visión de largo plazo como lo es  la creación de una autoridad de cuenca que está activa, aunque con un permanente crecimiento de programas y empleados no siempre enriquecedor. Pero es necesario dar un paso más y asegurar que la dirección de las acciones se encuentre suficientemente alineada con la necesidad de justicia planteada por las víctimas de la contaminación y las necesidades de desarrollo económico, social y ambiental que reclama el área metropolitana más grande del país.

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