Archivo de la etiqueta: Contaminación

A cinco años de la segunda sentencia dictada para sanear la cuenca Matanza Riachuelo, existen varias asignaturas pendientes

ImagenEl 8 de Julio de 2008 se dictó la segunda sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Mendoza” referida al saneamiento de la causa Matanza Riachuelo. Por entonces, el Máximo Tribunal de la República delineaba un nuevo paradigma a partir del desborde de competencias judiciales sobre el Poder Ejecutivo con el propósito de brindar cabal cumplimiento a las garantías contenidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

 

La causa se había originado a partir de la demanda interpuesta por un grupo de vecinos del barrio de la Boca en el año 2003, la cual desembocó en una primera sentencia del Máximo Tribunal dictada en 2006. La pretensión de los vecinos estuvo centrada en la protección de los derechos a la salud de los vecinos.  La sentencia original (2006) planteó las grandes columnas para motorizar un plan de saneamiento de la cuenca que finalmente, mientras que la sentencia que hoy recordamos (2008), vino a poner en marcha, a través de un plan de acción originado, peculiarmente, en el Máximo Tribunal de Justicia.

 

 

Muchos son los aspectos que podemos valorar en este pronunciamiento. La coerción sobre sobre las Administraciones Públicas para impulsar acciones de saneamiento se encuentran en primer término por el lado del Poder Judicial. Por el lado del Poder Legislativo, cabe destacar la el dictado de la ley 26.168 (2006)  que estructuró la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en tanto que entidad unificadora de mandatos por entonces dispersos. Finalmente, por el lado del Poder Ejecutivo Nacional, la puesta en marcha de la Autoridad de Cuenca y sus múltiples programas es, actualmente, una realidad.

 

 

Sin embargo, es necesario volver a mirar la demanda presentada por los vecinos en el año 2003 para considerar si el camino transitado constituye el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles o si cabe todavía pensar en una política pública más eficiente en términos económicos, eficaz en términos operativos y justa en términos distributivos. Para ello presentamos solamente algunas ideas que esperamos resulten disparadoras de debates, estudios y acciones.

 

 

1) Con respecto al Poder Judicial: Los vecinos reclamaban una indemnización y un plan de acción de salud. Lo primero fue descartado con respecto a la competencia originaria de la Corte Suprema. La atención de la salud de las víctimas de la contaminación jamás fue resuelta y sigue siendo una necesidad impostergable, pero postergada. Tampoco se constituyó el Fondo Ambiental que había sido demandado por las víctimas. La conducción judicial de la ejecución de la sentencia se encuentra notoriamente debilitada a partir de la remoción del Juez Federal de Quilmes y las organizaciones de la sociedad civil que integran el Cuerpo Colegiado han quedado progresivamente debilitadas por la falta de liderazgo de la Defensoría del Pueblo y la falta de recursos económicos.

 

 

2) Con respecto al Poder Legislativo: Las acciones de seguimiento posteriores a la sanción de la ley han sido más bien burocráticas o teñidas de profundos sesgos políticos a través de eternos e ineficaces pedidos de información al Poder Ejecutivo. Brilla por su ausencia la constitución de un cuerpo técnico que pueda aportar diagnóstico en tiempo real sobre lo que funciona, y lo que no funciona en el marco de una ley tan determinante como lo es la 26.168.

 

 

3) Con respecto al Poder Ejecutivo: La sentencia de 2006 tomaba nota de la demanda vecinal sobre la desviación de fondos resultantes del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo.  Posteriormente fue gestionado y obtenido (2009) un préstamo del Banco Mundial #BM por 840 millones de dólares, del cual actualmente se ha ejecutado menos del 1%. A Junio 2013 se han desembolsado 7,1 millones de dólares y se han pagado 4,5  millones de intereses y cargos financieros. Otra vez la msma historia?

 

 

El seguro ambiental está lejos de ser una realidad útil para la prevención y  atención del eventual daño ambiental. Los planes de reconversión ambiental no se terminan de entender. Las organizaciones de la sociedad civil, más allá del Cuerpo Colegiado, no alcanzan a estructurar acciones convergentes para controlar y acompañar el trabajo de las autoridades y las empresas. 

 

 

A 5 años de la segunda sentencia dictada por la Corte, 7 años de la primera y 10 años de la demanda interpuesta por los vecinos de la Boca, el gran logro es sin duda, haber puesto el Riachuelo en la agenda política. A su vez, esto se ha proyectado en un logro institucional que es funcional a una visión de largo plazo como lo es  la creación de una autoridad de cuenca que está activa, aunque con un permanente crecimiento de programas y empleados no siempre enriquecedor. Pero es necesario dar un paso más y asegurar que la dirección de las acciones se encuentre suficientemente alineada con la necesidad de justicia planteada por las víctimas de la contaminación y las necesidades de desarrollo económico, social y ambiental que reclama el área metropolitana más grande del país.

Anuncios

Una nueva oportunidad para el Riachuelo

Finalmente fue aprobado el préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares en su primer tramo. En un momento signado por la crisis económica, el principal escollo para ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental acaba de ser removido por la decisión del organismo financiero. Luego de más de dos años de trabajo intenso, el programa de préstamo, sin precedentes por su magnitud, se convierte en realidad y con ello se vuelven las miradas a la clase política en su conjunto.  El indispensable respaldo político para ejecutar el Plan debe ser proporcionado en todas las instancias nacionales, provinciales y municipales para permitir que la causas de la contaminación puedan ser afrontadas cabalmente.

El rol de la Autoridad de Cuenca es determinante, naturalmente, para la adecuada ejecución del proyecto y para aunar esas voluntades político-institucionales en pos de un objetivo común, tal como lo exigió oportunamente la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 8 de Julio de 2008 y más recientemente el Juzgado Federal de Quilmes  en su resolución del 22 de Mayo de 2009. Es que el desafío institucional sigue ocupando un rol primordial en la estrategia de saneamiento del Riachuelo, aun a pesar de los pactos interjurisdiccionales, la ley marco 26.168 y sus adhesiones y  las resoluciones dictadas por el Poder Judicial.

Habrá que tener presente que el Banco Mundial y en particular el préstamo otorgado, por sí solos, carecen de virtualidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del proyecto. Podrán ejecutarse obras de saneamiento básico, limpiarse márgenes y removerse basurales, promoverse la reconversión industrial con líneas de crédito blandas y donaciones, erigirse polos industriales y crearse nuevas sedes administrativas para descentralizar la acción de la autoridad. Nada de eso será eficaz sin la savia conductora de la decisión política encarnada sustancialmente en el ejercicio de una facultad indelegable de la Administración Pública: el ejercicio cabal y unificado del poder de policía ambiental.

Por eso es que concluimos con una obviedad. Existen dos maneras de ejecutar un crédito de magnitud inédita en la historia de la región para saneamiento de cuencas hídricas: a) ejecutarlo formalmente, con una visión aislada de sus módulos y propendiendo a un cumplimiento formal ó b) ejecutarlo consistentemente, haciendo jugar sus componentes de manera funcional a los objetivos de recuperación ambiental que inspiraron a quienes concibieron el programa de préstamo en respuesta a un reclamo social instalado ante el Máximo tribunal de la República.

En ese contexto, las variables de saneamiento cloacal, saneamiento de residuos y reconversión industrial constituirán aspectos centrales de la estrategia de saneamiento, donde corresponderá trabajar intensamente en la elaboración de indicadores consistentes, planes posibles y compromisos firmes y afianzados por todos los actores.

La crisis económica, al final del día, como principal sombra que acechaba al saneamiento del Riachuelo, encuentra en este programa un antídoto financiero.  Una nueva oportunidad queda planteada para desmitificar el insondable misterio “institucional” del Riachuelo. Que así sea. 

Alejandro Rossi,  10/6/09

ACCION Y REACCION – PARTE II. La resolución del 22/5/09 y la presentación ACUMAR del 8/6/09

I. Antecedentes

Preocupado por el transcurso del tiempo, el advenimiento de circunstancias electorales de público conocimiento y la gravedad de los desafíos que día a día se tornan más patentes y patéticos como los recientes episodios registrados en el predio de ACUBA (Lanús), el Juzgado Federal de Quilmes llama a la Autoridad de Cuenca “a ordenarse”, lo que sugiere una visión judicial no del todo “satisfecha” respecto al proceso de saneamiento pero, al mismo tiempo, constructiva.

A continuación comentamos sucintamente la resolución que pareciera marcar un punto de inflexión en la política judicial vinculada a la causa “Mendoza”, aun cuando la exigüidad de los plazos que establece pareciera sesgar el emplazamiento más hacia una modificación actitudinal que hacia un resultado puntual.

La presentación realizada por la Autoridad de Cuenca de fecha 8/6/2009 y a cuyo texto hemos accedido a través del sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma este sesgo “simbólico” orientado a confirmar un rumbo de fortalecimiento signado por instrumentos y acuerdos en curso de aprobación.

II. Aspectos sustanciales

a) Fortalecimiento institucional

El resolutorio CUARTO ordena a ACUMAR la presentación con fecha 08 de junio de 2009, de un “…informe que contenga las decisiones a las que hubiera llegado a través de su Consejo Directivo, a los fines del funcionamiento autónomo y efectivo de esa autoridad, conforme lo descripto en los Considerandos 11° y 12° de la presente resolución, debiéndose acompañar al efecto las actas y/o documentos respectivos, con los requisitos necesarios para su publicación y puesta en funcionamiento en forma inmediata”.

“Para ello…” –continúa la parte dispositiva–, “…las decisiones adoptadas deberán asegurar la existencia de ACUMAR como la única autoridad de aplicación y con competencia ambiental exclusiva y excluyente sobre la cuenca hídrica en cuestión, la existencia de un procedimiento único que abarque la actuación de la misma, la competencia exclusiva y excluyente de este Juzgado Federal de Primera Instancia en la revisión judicial de la actuación de esa autoridad”.

El Juzgado Federal de Quilmes viene de esta manera a funcionar como “caja de resonancia” de los distintos cuestionamientos planteados en ocasión de la reunión del Consejo Directivo que parecerían albergar dudas –en el mejor de los casos—respecto de las facultades de la ACUMAR para ejercer cabalmente su rol de autoridad. En tal sentido, el considerando SEGUNDO conceptualiza a la autoridad de cuenca como “ente interjurisdiccional autónomo y autárquico, que posee competencia y facultades superiores a la de los estados que la conforman” basando su conformidad al principio de legalidad  en una “…ley-convenio…”cuya misma adhesión por ley al derecho provincial como expresión de derecho intrafederal, importa su prevalencia sobre “…por sobre todas las leyes locales…” , allanándose una vez más dentro y fuera de la causa “Mendoza” lo atinente a la constitucionalidad de la creación institucional para la gestión integrada de cuencas hídricas.

Es de notar en todo caso, la argumentación judicial respecto de la razonabilidad de tal construcción institucional, cimentada al entender del Juzgador –y con debida cita del debate parlamentario– tanto en la dispersión que caracteriza a la legislación ambiental de la cuenca, como en la subsidiariedad que exige de una Autoridad superior el apoyo y contribución al desarrollo de las finalidades propias de los estamentos locales.

En síntesis, tanto la legalidad como la razonabilidad de la norma en su contenido institucional han sido favorecidas en esta instancia con la fuerza de la cosa juzgada, y reiterada una vez más la doctrina según la cual debe tomarse el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en fecha 8/7/2008 como “fuente legal, de incumbencia directa para la interpretación y aplicación de la Ley 26.168”.

b) Continuación de inspecciones y el objetivo del cese de vertidos

El resolutorio CUARTO ordena a la ACUMAR que “…continúe con las inspecciones de las empresas existentes en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, y la adopción de todas las medidas necesarias que permitan comprobar fehacientemente que se haya cesado por completo el vertido de efluentes líquidos industriales, residuos peligrosos o especiales, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole, que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca, por parte de los establecimientos allí existentes” manteniendo la exigencia de presentación de informes de avance quincenales, conforme lo ordenado en el punto III del resolutorio de fecha 22-10-08.

Si bien la cuestión no fue objeto de presentación expresa en el responde de la ACUMAR fecha 8/6/2009, pareciera que la cuestión del cese completo de vertidos puntuales (domésticos e industriales) seguirá siendo una asignatura pendiente de tratamiento hasta el momento en que se haya estructurado un plan de acción consistente, desde los usos y objetivos de calidad, hasta las efectivas posibilidades de los establecimientos radicados en la cuenca. Dicha estrategia requiere de arquitecturas de acuerdo complejas que deben basarse en un conocimiento preciso y sólido de la realidad.

c) Recomendación de pacto interjurisdiccional

El resolutorio SEXTO “recomienda” al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “analicen” la necesidad de ajustar los mecanismos legales para la creación de un pacto interjurisdiccional que unifique y prevea las sanciones que deberá aplicar la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con el objeto de dar cumplimiento al fallo en ejecución, y lograr así el efectivo saneamiento y protección del todo el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

 Dicha resolución no importa  a nuestro criterio contradicción con lo expresado en el Resolutorio CUARTO, antes bien marcar un camino de futuro en el cual no es posible avanzar sin poderes sancionatorios y con un incidencia cierta en los procedimientos aprobatorios de las instancias locales.

La presentación realizada por ACUMAR en fecha 8/6/09 confirma el inicio del proceso de consultas internas con las áreas competentes de cada jurisdicción tendientes a concretar tales acuerdos interjurisdiccionales.

III. Aspectos procesales

Como es de rigor, el resolutorio QUINTO conmina a la ACUMAR para cumplir con todo lo ordenado, bajo apercibimiento de aplicarse las multas diarias previstas, aclarando que esa sanción podrá ser aplicada en cualquier etapa del proceso. Ello y sin perjuicio de la responsabilidad concurrente que primariamente le corresponden al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires -conforme lo expresado en el Considerando 16 del citado fallo- y la responsabilidad civil y penal que le correspondiere a los funcionarios intervinientes.

La recurrencia de este apercibimiento y la naturaleza de los emplazamientos que cada vez con mayor precisión formula el Juzgado Federal parece sugerir la oportunidad de considerar la mecánica que podría adoptar la Autoridad de Cuenca o, eventualmente, las autoridades de cada uno de las jurisdicciones para hacer frente a las sanciones que pudieran imponerse.

IV. Otros comentarios de interés

Así como la resolución comentada está cargada de mensajes hacia la Autoridad de Cuenca que fueron oportunamente debatidos con motivo de la reunión de su Consejo Directivo realizada el pasado 29 de Mayo, de la misma manera puede decirse que la la presentación realizada por la ACMAR en fecha 8/6/09 también tiene una fuerte carga de mensajes y anuncios, entre los cuales cabe destacar:

  • Una nueva organización administrativa para la ACUMAR plasmada en un nuevo reglamento de organización interna;
  • Diseño del procedimiento administrativo específico para los funcionarios afectados a la inspección de establecimientos.
  • Conformación de equipos capacitados para las inspecciones y revisiones administrativas
  • Soporte técnico externo para aplicar a los procedimientos de reconversión industrial
  • Nuevas sedes para la ACUMAR con un criterio de descentralización operativa;
  • Capacidad presupuestaria de corto, mediano y largo plazo
  • Modificación de la categoría de “agentes contaminantes” por la de “establecimientos sujetos a reconversión industrial”.

De esta manera, comienza a perfilarse un promisorio diálogo intrapoderes estructurado en torno a la decisión de la máxima instancia judicial de la República. Definitivamente, un caso paradigmático.

Alejandro Rossi, 8/6/2009.

Texto de la resolución comentada. Fuente: Centro de Información de la Corte Suprema de Justicia.

Juzgado Federal 22-5-09

Riachuelo, autoridad y gobierno.

Por estos días se vuelve hablar del derrotero del Riachuelo, una vez más y van…. Con razón, resulta muy difícil percibir los cambios. ¿Por qué es tan difícil, siendo políticamente redituable sin duda alguna y existiendo tantos fondos disponibles de origen presupuestario como de créditos internacionales?

Nadie cuestiona la trascendencia de la acción interpuesta por vecinos y organizaciones no gubernamentales en 2006, las sentencias de 2006 y 2008 dictadas por la Corte Suprema, ni tampoco, aun a fuerza de reacción, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, pero todo ello no alcanza para modificar la realidad, es decir, la contaminación del Riachuelo que es la única variable de decisión política que la sociedad civil, hoy, reconoce.

Más allá de la complejidad de cada tema, las cuestiones en juego no son tantas. Obras de infraestructura, control de la contaminación y reconversión de industrias, gestión ordenada de residuos, monitoreo y asistencia de la salud pública de grupos vulnerables y una mejora significativa de la planificación territorial, no mucho más.

Claro que la articulación de esos factores debe ser consistente en extremo, y para ello la descentralización de funciones es un obstáculo, especialmente en la etapa de puesta en marcha. Por eso la Corte exigió una verdadera Autoridad, el Poder Ejecutivo la diseñó, el Poder Legislativo la convalidó y finalmente el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de la ejecución de sentencia la avaló. Y hasta el Banco Mundial reconoció en esa autoridad una garantía de éxito del programa de saneamiento que está a punto de financiar parcialmente en más de 800 millones de dólares.

Sin una acción centralizada el programa de saneamiento no puede avanzar. Con una Autoridad de Cuenca débil para inspeccionar, para clausurar, para imponer programas de reconversión, para dialogar con los sectores productivos, pero también con la sociedad civil, para dictaminar respecto de lo que estima técnica y presupuestariamente viable, y lo que no, el Plan Integral será una entelequia librada a un permanente test de mercado que, naturalmente en función del tiempo transcurrido, será considerado insatisfactorio.

Desde la creación de la Autoridad de Cuenca en 2007 se avanzó en materia de organización administrativa y también se ha integrado recientemente la regulación de segunda generación, que hasta el momento comprende estándares de volcamiento, reglamentos para la participación pública, protocolos de inspección de empresas, procedimiento para declarar agentes contaminantes y procesos de reconversión. También se vienen ejecutando acciones de limpieza y monitoreos puntuales. Pero falta mucho más.

El desafío está en la realidad que constituye el Riachuelo. En modificarla. En gobernarla más allá de plazos judiciales o electorales. Es un cometido que trasciende uno o más gobiernos, de la misma manera que 140 años de contaminación atravesaron todas las etapas y banderías. El conurbano que atraviesan los 2.200 kilómetros de la cuenca es un espacio eminentemente político con fuertes caudales electorales. Pero la gestión del programa debe estructurarse, impulsarse y ejecutarse técnicamente, a partir de los acuerdos políticos con la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y los 14 Municipios que fueron suscriptos en Agosto de 2006.

De allí la trascendencia de advertir que el mandato de la Corte a través de las sentencias dictadas, y también de las que aun están por dictarse en relación a los particulares, sólo podrá cumplirse a través de un ente ejecutor de naturaleza técnica con fuertes avales políticos y con una permanente rendición de cuentas ante las instancias de control.

Puede pensarse, quizás,  que en tiempo de crisis, el programa debería ser suavizado. Por el contrario, la corriente internacional indica que es el momento para asegurar el fondeo de las acciones estructurales y consolidar en tiempos de difíciles un programa que más adelante podrá ser administrado naturalmente. Para ello debe imprimirse a los objetivos un marcado realismo, y en todo lo atinente a la regulación de empresas debe abrirse un diálogo enriquecedor en materia de mejores tecnologías disponibles y recursos, antes que polarizarse un debate ideológico.

Una vez más aparecen los antecedentes de programas exitosos en el Tennesse de Estados Unidos, en el Thames de Reino Unido, en Lerma Chapala de México, el Sena de Francia, el Tieté de Brasil,  el Manzanares de España, el Mekong de China y la lista sigue con países que han superado los casos puntuales y tienen gestiones hídricas exitosas como los Países Bajos. Todos ellos comparten una columna vertebral sólida a través de organismos avalados políticamente y conducidos por un fuerte y calificado staff técnico, capacitado para llevar adelante los cambios necesarios a lo largo de las décadas por venir.

Alejandro Rossi

Se publicó el reglamento para determinar “agentes contaminantes”

ACCION Y REACCION:  SALUDABLE TENSION.

LA AUTORIDAD DE CUENCA APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA IDENTIFICACION DE AGENTES CONTAMINANTES.

 

Por Alejandro Rossi

I. La noticia. Acción y reacción.

Luego de casi 4 meses desde su aprobación[1], y a tan sólo una semana de la denuncia formulada por el Defensor del Pueblo de la Nación y las ONGs nucleadas en torno a la causa “Mendoza” referida a la falta de resultados concretos al cabo de 9 meses de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, fue publicada en el Boletín Oficial del día de hoy la resolución que aprueba el Reglamento para la determinación de Agentes Contaminantes (RAC) de la cuenca Matanza Riachuelo.

El proyecto había sido tratado por el Consejo Directivo de la Autoridad de Cuenca durante a finales de Diciembre de 2008, casi simultáneamente a la entrada en funciones del nuevo Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Razones de oportunidad, mérito o conveniencia demoraron la publicación y puesta en vigencia de la norma. Sin embargo, a partir del 31/3/09 el RAC se encuentra activo y comienzan a correr los plazos establecidos para la identificación de aquellas personas físicas o jurídicas que generan efluentes contaminantes.

II. La lógica de procesos contenida en la sentencia de la Corte Suprema

El origen de la resolución es el cumplimiento de lo establecido por la Corte Suprema de Justicia, en ocasión de dictar la sentencia del 8 de Julio de 2008. Allí, el Máximo Tribunal a través del considerando 17, párrafo III) delineó una lógica de procesos para el control de la contaminación en el ámbito de la cuenca, a través de seis cargas puntuales en cabeza de la Autoridad de Cuenca, a saber:

1)       La realización de inspecciones a todas las empresas existentes en la cuenca Matanza-Riachuelo en un plazo de 30 (treinta) días hábiles;

2)       La identificación de aquellas empresas que se consideren agentes contaminantes, mediante el dictado de la resolución correspondiente;

3)       La intimación a todas las empresas identificadas como agentes contaminantes que arrojan residuos, descargas, emisiones a la Cuenca Matanza-Riachuelo, para que presenten a la autoridad competente el correspondiente plan de tratamiento, en un plazo de 30 (treinta) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la resolución de la Autoridad de Cuenca que se contempla en el punto anterior;

4)       La consideración y decisión dentro del plazo de 60 (sesenta) días hábiles por parte de la Autoridad de Cuenca sobre la viabilidad y, en su caso, aprobación del plan de tratamiento a que se refiere el punto anterior;

5)       La orden para las empresas cuyo plan no haya sido presentado o aprobado, luego de la resolución de la Autoridad de Cuenca que así lo establezca, de cese en el vertido, emisión y disposición de sustancias contaminantes que impacten de un modo negativo en la cuenca. El dictado de la resolución que así lo disponga no podrá exceder el plazo de 180 (ciento ochenta) días contados a partir de la presente;

6)       La adopción —por parte de la Autoridad de Cuenca— de las medidas de clausura total o parcial y/o traslado. Estará facultada para extender el plazo o proponer alguna otra medida cuando se acredite que existe imposibilidad económica de pagar los costos de tratamiento o cuando exista una situación social de gravedad;

III. El contexto metodológico del nuevo reglamento

La Autoridad de Cuenca realizó oportunamente un relevamiento de industrias que presentó ante el Juzgado Federal de Quilmes, de manera tal de integrar un universo primario de establecimientos relevados que alcanzan los 4.103 registros.

En ese contexto, el reglamento aprobado constituye una metodología para definir cuáles de esos establecimientos registrados deben ser considerados como “agentes contaminantes” en la terminología del acápite (2) del Considerando 17 de la Sentencia dictada por la Corte Suprema.

A medida que los establecimientos sean declarados como agentes contaminantes –e independientemente de su incorporación o no al registro que crea la norma–  cada uno de ellos será pasible del cumplimiento de la carga de presentar un “Plan de tratamiento” dentro del plazo de 30 días, que deberán computarse a partir de la intimación.

Sin embargo, la presentación de un Plan de tratamiento podrá ser reglada por la Administración a través de un reglamento específico de la Autoridad de Cuenca que, a la fecha no ha sido publicado. La ausencia de tal reglamento no constituye un obstáculo en sí mismo para la presentación de los denominados “Planes de Tratamiento”. Sí en cambio, deberán cumplirse por la Autoridad de Cuenca los procedimientos detallados en el reglamento que es objeto de análisis, conforme las exigencias contenidas en la sentencia de la Corte Suprema.

IV. Aspectos salientes del nuevo reglamento

1. Ambito subjetivo

De acuerdo a lo previsto por su artículo primero la determinación de agentes contaminantes se realizará sobre dos tipos de sujetos:

a)     Aquellos establecimientos emplazados en el ámbito de la cuenca Matanza Riachuelo, en función de la definición contenida en el art. 1º de la Ley 26.168, que adscribe a un concepto “jurisdiccional” de cuenca hídrica[2].

b)    Aquellos establecimientos que sin pertenecer al ámbito geográfico de la cuenca hídrica Matanza Riachuelo, han sido demandados en la causa “Mendoza” y generen alguna de las sustancias o parámetros contenidos en el Anexo I, con incidencia en el denominado “frente sur del río de la Plata”, de manera incompatible con los usos y objetivos de calidad que defina la Autoridad de Cuenca.

En este segundo caso, como puede verse, se trata de cuatro condiciones concurrentes que deben verificarse.

Sin embargo, y tomando en consideración que a la fecha no han sido definidos los usos y objetivos de calidad, resulta de aplicación la cláusula subsidiaria prevista en la parte final del primer párrafo del artículo 1º que dispone, para el caso que no hubieran sido aprobados los usos y objetivos de calidad para la Cuenca Matanza Riachuelo, la aplicación de los parámetros establecidos en la Resolución ACUMAR 1/2007 que aprueba la Tabla Consolidada de Límites Admisibles para descargas de Efluentes Líquidos.

Resulta claro que el objetivo de la regulación es evitar que los principales demandados en relación a la contaminación del Riachuelo pudieran ser excluidos del cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la medida que ello lesionaría el principio de “cosa juzgada”.

c) Los establecimientos generadores de emisiones gaseosas o generadores de residuos sólidos también podrán ser sujetos pasivos de la declaración de agente contaminante, considerando lo establecido por el párrafo segundo del art. 1º del RAC.

En relación a la situación específica de AySA, corresponde remitirse al acápite siguiente.

Finalmente, para todos los casos corresponde tomar en consideración que la declaración se extiende siempre sobre una persona, física o jurídica, en su calidad de titular de un establecimiento determinado. Por lo tanto no extenderse la declaración de agente contaminante a sujeto, en forma general, sino a un establecimiento específico bajo la titularidad de un sujeto determinado.

2. Procedimiento para la declaración administrativa de “agente contaminante”

El RAC dispone en su art. 4º, primer párrafo,  que la Autoridad de Cuenca, previo a estar en condiciones de declarar como “agente contaminante” a un establecimiento determinado, deberá ejecutar “in situ” aquellos controles que correspondan “los que podrán incluir registros de caudales con toma y análisis de muestras en su caso, con cargo al sujeto inspeccionado y a los efectos de verificar la información disponible sobre cada procedimiento”.

La norma se encuentra orientada a impedir declaraciones “en abstracto”, lo cual es positivo, aun cuando corresponderá delinear con mayor claridad en la práctica cuál será el modus operandi previo a cada Informe Técnico que sea presentado ante la Comisión Interjuridiccional de Control. Por lo pronto resulta claro que:

a)     Debe existir una inspección.

b)    Esa inspección “puede” comprender toma de muestras.

c)     Podrán exigirse al establecimiento estudios complementarios

d)    Podrán considerarse estudios realizados anteriormente por otras autoridades competentes (por ejemplo, la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires) conforme lo determine la Comisión Interjurisdiccional de Control[3].

El Reglamento establece que la declaración de agente contaminante debe materializarse a través de actos administrativos de alcance particular a cargo de la Presidencia de la  Autoridad de Cuenca[4].

La aclaración no es menor, pues no se trata de un acto deliberativo a nivel del Consejo Directivo, sino de un acto a cargo del Secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, investido de su calidad de Presidente de la ACUMAR. Ello no obstante, deberá pronunciarse previamente en cada caso el Consejo Directivo en base a los informes producidos por la Comisión Interjurisdiccional de Control, que es aquella encargada de supervisar los controles, inspecciones y denuncias formuladas por particulares.

No se trata, sin duda alguna, de un procedimiento ágil. Con dos instancias deliberativas y una decisoria, la declaración de agente contaminante puede demorarse meses. Por ello es deseable que se desarrolle una metodología de trabajo interjurisdiccional que sea a un mismo tiempo razonable y eficaz para identificar los agentes contaminantes dentro de plazos previsibles.

Contra la decisión del Presidente de la Autoridad de Cuenca, expedida conforme los canones vigentes de la Ley 19.549 de procedimientos administrativos, podrá interponerse el Recurso de Alzada, que será resuelto por el Jefe de Gabinete de Ministros, si bien dicho recurso no tendrá efecto suspensivo, conforme a lo previsto en el art. 2º, párrafo tercero, siempre y cuando el Poder Judicial no resuelva en sentido contrario.

Finalmente, el art. 6º del RAC dispone que los establecimientos que resulten sujetos pasivos de la declaración de agentes contaminantes deberán ser incorporados a un Registro de Agentes Contaminantes de la Cuenca Matanza Riachuelo (RACOMAR) que deberá ser actualizado mensualmente y publicado en el sitio web de la Autoridad de Cuenca.

3. Efecto de la declaración de “agente contaminante”

El RAC dispone que la declaración tendrá como “únicos efectos” el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema en orden a la presentación de los denominados Planes de Tratamientos que deberán ser, a su turno, aprobados o rechazados por la Autoridad de Cuenca (artículo 2º, párrafo segundo).

Se trata de una aclaración especialmente significativa en atención a la “calificación” contenida por el reglamento. En efecto, la Corte Suprema refiere en la sentencia del 8/7/08 a las existencia de “agentes contaminantes” que deben ser identificados y declarados como tales por la Autoridad de Cuenca.

Sin embargo, la literatura comparada entiende por “agentes” contaminantes a las sustancias que bajo ciertas circunstancias pueden generar efectos contaminantes. Por ello que al adscribir el Máximo Tribunal una impronta “subjetiva” al agente, es importante circunscribir los efectos de dicha declaración para evitar que ella comporte algo así como un “prejuzgamiento” en sede administrativa respecto del eventual “daño” que el “agente” sea susceptible de generar en los términos del Código Civil o aun en los términos de lo previsto en la Ley General del Ambiente Nº 25.675. Esa es la razón de la aclaración contenida en el segundo párrafo del art.2º RAC que resulta de capital importancia a la hora de enervar posibles imputaciones de responsabildad o interposición de medidas cautelares basadas en una eventual “verosimilitud” que se desprendiera de la declaración de la empresa como “agente contaminante”.

4. Acerca de los “Planes de Tratamiento”

Ya señalamos que el objeto “primario” del RAC es formular una declaración en sede administrativo cuyo efecto consistirá en obligar al titular del establecimiento a presentar un “Plan de Tratamiento”, en la terminología adoptada por la Corte Suprema de Justicia en ocasión del dictado de la sentencia de fecha 8/7/2008.

El art. 5º del RAC dispone que a tal efecto existirá un régimen establecido por la Autoridad de Cuenca para instrumentar los denominados “Programas de Reconversión Industrial”, que deberán ser presentados por los sujetos pasivos de la declaración dentro del plazo de 30 días.

Sin embargo, mientras tal procedimiento administrativo no sea aprobado, la necesidad de cumplir con plazos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Juzgado Federal de Quilmes a cargo del proceso de ejecución de sentencia, corresponderá a las empresas “hacer camino al andar” y presentar los planes dentro del plazo previsto.

V. La situación de AySA

La parte final del primer párrafo del art.1 del  RAC dispone que los criterios establecidos para la identificación de agentes contaminantes no se aplicarán a la prestataria del servicio de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales, para quien serán de aplicación las disposiciones de la Ley 26.221, es decir, el Marco Regulatorio de tal servicio.

El intérprete desprevenido podría considerar que siendo AySA un contribuyente “mayorista” de efluentes domiciliarios y asimilables, no podría escapar a ser considerado como un agente contaminante. Y esto, en rigor, es cierto.

Si esto es así, por qué AySA parece exento de ser declarado como agente contaminante? Precisamente por su condición peculiar de “gran contribuyente”, por la sustancia gubernamental de su naturaleza y por el origen de los efluentes (nótese que AySa es, en definitiva, un transportista de efluentes generados por los particulares usuarios de servicios públicos e industrias).

Por todas estas razones, AySA es considerado un generador particular. Tan particular que se ha diseñado un Plan de Tratamiento ad hoc. Considerando su especial cualidad de transportista, las externalidades que descargan en el servicio público los usuarios domésticos y los usuarios industriales, así como las complejidades económico financieras asociadas a un remozamiento de sus instalaciones. Todo ello ha sido volcado en el diseño de un Plan Director Cloacal que no ha sido fruto de la sola elaboración del staff de la empresa, ni tampoco de la Agencia de Planificación, sino que es fruto de la interacción con la Autoridad de Cuenca que en fecha 1-7-08 suscribió con las restantes partes un Acuerdo de Convergencia, que fue finalmente ponderado por el Juez Federal de Quilmes como eje de la estrategia de obras en ocasión de su proveído de fecha 20/11/2008.

En ese contexto afirmamos que el Plan de Tratamiento de AySA es su Plan Director Cloacal homologado por la Autoridad de Cuenca y con la intervención del juez de ejecución de sentencia.

Tan importante es esta cuestión que su tratamiento se ha anticipado a las restantes declaraciones y Plan de Tratamiento, y es objeto actualmente de la gestión de un programa de financiamiento mixto integrado con fondos presupuestarios y extra-presupuestarios.

No sería por lo tanto necesario declarar a AySA como agente contaminante, en definitiva, pues la virtualidad de esta declaración consiste en la obligatoriedad de presentar un Plan de Tratamiento que, en el caso, ya ha sido presentado y se encuentra en fase de su delineación definitiva que, a su turno, deberá ser intervenida por el Juez Federal de Quilmes.

VI. Conclusiones

Con la aprobación y publicación del nuevo reglamento (RAC) la Autoridad de Cuenca cumple con lo previsto en la sentencia de la Corte Suprema (Considerando 17, apartado 3).

La Autoridad de Cuenca deberá instar los actos administrativos de alcance particular tendientes a determinar en cada caso los sujetos (personas físicas o jurídicas) titulares establecimientos susceptibles de ser declarados como agentes contaminantes. Para ello podrá basarse en estudios existentes o realizarlos ad hoc.

Una vez que el establecimiento sea declarado como agente contaminante, su titular podrá interponer el recurso de alzada o, en caso de silencio, dará inicio el plazo de 30 días previstos para la presentación del Plan de Tratamiento.

Salvo que la Autoridad de Cuenca reglamente la metodología para la presentación y aprobación de Planes de Tratamiento, las titulares de establecimientos declarados como agentes contaminantes, deberán elaborar una metodología de adecuación tendiente a asegurar los usos y objetivos de calidad.

Preventivamente, aquellos establecimientos que no han sido declarado como agentes contaminantes podrían presentar Planes de Tratamiento con el propósito de colaborar con la Administración y coadyuvar a una conducta responsable desde el punto de vista ambiental y social.

Mientras no sean aprobados los usos y objetivos de calidad para la cuenca Matanza Riachuelo, resultarán de aplicación las normas vigentes en materia de admisibilidad de descargas de efluentes a los cuerpos receptores, es decir la Resolución ACUMAR Nº 1/2007, con excepción de AySA que deberá continuar observando las normas contenidas en el Anexo B del Marco Regulatorio aprobado por Ley 26.221 en tanto se desarrolle el Plan Director Cloacal.

 

Texto del Reglamento Agente Contaminante (RAC) ;resolucion-acumar-1-2008

 
 

 

 

 

 

 

 

[1] Resolución aprobada el pasado 22/12/09.

[2] Este concepto “amplio” podría restringirse a través de un reglamento de circunscripción geográfica basado en criterios hidrológicos, que a la fecha no existe.

[3] Como puede verse, la Comisión Interjurisdiccional integrada por los representantes técnicos de la Autoridad de Cuenca, así como de cada uno de los organismos representados en su Consejo Directivo y otros organismos con competencia directa tales como la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires, cumple un rol trascendental en este procedimiento de declaración de agentes contaminantes.

[4] No resulta viable, por lo tanto, el dictado de un acto administrativo que englobe un “listado” de establecimientos.