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Una nueva oportunidad para el Riachuelo

Finalmente fue aprobado el préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares en su primer tramo. En un momento signado por la crisis económica, el principal escollo para ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental acaba de ser removido por la decisión del organismo financiero. Luego de más de dos años de trabajo intenso, el programa de préstamo, sin precedentes por su magnitud, se convierte en realidad y con ello se vuelven las miradas a la clase política en su conjunto.  El indispensable respaldo político para ejecutar el Plan debe ser proporcionado en todas las instancias nacionales, provinciales y municipales para permitir que la causas de la contaminación puedan ser afrontadas cabalmente.

El rol de la Autoridad de Cuenca es determinante, naturalmente, para la adecuada ejecución del proyecto y para aunar esas voluntades político-institucionales en pos de un objetivo común, tal como lo exigió oportunamente la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 8 de Julio de 2008 y más recientemente el Juzgado Federal de Quilmes  en su resolución del 22 de Mayo de 2009. Es que el desafío institucional sigue ocupando un rol primordial en la estrategia de saneamiento del Riachuelo, aun a pesar de los pactos interjurisdiccionales, la ley marco 26.168 y sus adhesiones y  las resoluciones dictadas por el Poder Judicial.

Habrá que tener presente que el Banco Mundial y en particular el préstamo otorgado, por sí solos, carecen de virtualidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del proyecto. Podrán ejecutarse obras de saneamiento básico, limpiarse márgenes y removerse basurales, promoverse la reconversión industrial con líneas de crédito blandas y donaciones, erigirse polos industriales y crearse nuevas sedes administrativas para descentralizar la acción de la autoridad. Nada de eso será eficaz sin la savia conductora de la decisión política encarnada sustancialmente en el ejercicio de una facultad indelegable de la Administración Pública: el ejercicio cabal y unificado del poder de policía ambiental.

Por eso es que concluimos con una obviedad. Existen dos maneras de ejecutar un crédito de magnitud inédita en la historia de la región para saneamiento de cuencas hídricas: a) ejecutarlo formalmente, con una visión aislada de sus módulos y propendiendo a un cumplimiento formal ó b) ejecutarlo consistentemente, haciendo jugar sus componentes de manera funcional a los objetivos de recuperación ambiental que inspiraron a quienes concibieron el programa de préstamo en respuesta a un reclamo social instalado ante el Máximo tribunal de la República.

En ese contexto, las variables de saneamiento cloacal, saneamiento de residuos y reconversión industrial constituirán aspectos centrales de la estrategia de saneamiento, donde corresponderá trabajar intensamente en la elaboración de indicadores consistentes, planes posibles y compromisos firmes y afianzados por todos los actores.

La crisis económica, al final del día, como principal sombra que acechaba al saneamiento del Riachuelo, encuentra en este programa un antídoto financiero.  Una nueva oportunidad queda planteada para desmitificar el insondable misterio “institucional” del Riachuelo. Que así sea. 

Alejandro Rossi,  10/6/09

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ACCION Y REACCION – PARTE II. La resolución del 22/5/09 y la presentación ACUMAR del 8/6/09

I. Antecedentes

Preocupado por el transcurso del tiempo, el advenimiento de circunstancias electorales de público conocimiento y la gravedad de los desafíos que día a día se tornan más patentes y patéticos como los recientes episodios registrados en el predio de ACUBA (Lanús), el Juzgado Federal de Quilmes llama a la Autoridad de Cuenca “a ordenarse”, lo que sugiere una visión judicial no del todo “satisfecha” respecto al proceso de saneamiento pero, al mismo tiempo, constructiva.

A continuación comentamos sucintamente la resolución que pareciera marcar un punto de inflexión en la política judicial vinculada a la causa “Mendoza”, aun cuando la exigüidad de los plazos que establece pareciera sesgar el emplazamiento más hacia una modificación actitudinal que hacia un resultado puntual.

La presentación realizada por la Autoridad de Cuenca de fecha 8/6/2009 y a cuyo texto hemos accedido a través del sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma este sesgo “simbólico” orientado a confirmar un rumbo de fortalecimiento signado por instrumentos y acuerdos en curso de aprobación.

II. Aspectos sustanciales

a) Fortalecimiento institucional

El resolutorio CUARTO ordena a ACUMAR la presentación con fecha 08 de junio de 2009, de un “…informe que contenga las decisiones a las que hubiera llegado a través de su Consejo Directivo, a los fines del funcionamiento autónomo y efectivo de esa autoridad, conforme lo descripto en los Considerandos 11° y 12° de la presente resolución, debiéndose acompañar al efecto las actas y/o documentos respectivos, con los requisitos necesarios para su publicación y puesta en funcionamiento en forma inmediata”.

“Para ello…” –continúa la parte dispositiva–, “…las decisiones adoptadas deberán asegurar la existencia de ACUMAR como la única autoridad de aplicación y con competencia ambiental exclusiva y excluyente sobre la cuenca hídrica en cuestión, la existencia de un procedimiento único que abarque la actuación de la misma, la competencia exclusiva y excluyente de este Juzgado Federal de Primera Instancia en la revisión judicial de la actuación de esa autoridad”.

El Juzgado Federal de Quilmes viene de esta manera a funcionar como “caja de resonancia” de los distintos cuestionamientos planteados en ocasión de la reunión del Consejo Directivo que parecerían albergar dudas –en el mejor de los casos—respecto de las facultades de la ACUMAR para ejercer cabalmente su rol de autoridad. En tal sentido, el considerando SEGUNDO conceptualiza a la autoridad de cuenca como “ente interjurisdiccional autónomo y autárquico, que posee competencia y facultades superiores a la de los estados que la conforman” basando su conformidad al principio de legalidad  en una “…ley-convenio…”cuya misma adhesión por ley al derecho provincial como expresión de derecho intrafederal, importa su prevalencia sobre “…por sobre todas las leyes locales…” , allanándose una vez más dentro y fuera de la causa “Mendoza” lo atinente a la constitucionalidad de la creación institucional para la gestión integrada de cuencas hídricas.

Es de notar en todo caso, la argumentación judicial respecto de la razonabilidad de tal construcción institucional, cimentada al entender del Juzgador –y con debida cita del debate parlamentario– tanto en la dispersión que caracteriza a la legislación ambiental de la cuenca, como en la subsidiariedad que exige de una Autoridad superior el apoyo y contribución al desarrollo de las finalidades propias de los estamentos locales.

En síntesis, tanto la legalidad como la razonabilidad de la norma en su contenido institucional han sido favorecidas en esta instancia con la fuerza de la cosa juzgada, y reiterada una vez más la doctrina según la cual debe tomarse el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en fecha 8/7/2008 como “fuente legal, de incumbencia directa para la interpretación y aplicación de la Ley 26.168”.

b) Continuación de inspecciones y el objetivo del cese de vertidos

El resolutorio CUARTO ordena a la ACUMAR que “…continúe con las inspecciones de las empresas existentes en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, y la adopción de todas las medidas necesarias que permitan comprobar fehacientemente que se haya cesado por completo el vertido de efluentes líquidos industriales, residuos peligrosos o especiales, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole, que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca, por parte de los establecimientos allí existentes” manteniendo la exigencia de presentación de informes de avance quincenales, conforme lo ordenado en el punto III del resolutorio de fecha 22-10-08.

Si bien la cuestión no fue objeto de presentación expresa en el responde de la ACUMAR fecha 8/6/2009, pareciera que la cuestión del cese completo de vertidos puntuales (domésticos e industriales) seguirá siendo una asignatura pendiente de tratamiento hasta el momento en que se haya estructurado un plan de acción consistente, desde los usos y objetivos de calidad, hasta las efectivas posibilidades de los establecimientos radicados en la cuenca. Dicha estrategia requiere de arquitecturas de acuerdo complejas que deben basarse en un conocimiento preciso y sólido de la realidad.

c) Recomendación de pacto interjurisdiccional

El resolutorio SEXTO “recomienda” al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “analicen” la necesidad de ajustar los mecanismos legales para la creación de un pacto interjurisdiccional que unifique y prevea las sanciones que deberá aplicar la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con el objeto de dar cumplimiento al fallo en ejecución, y lograr así el efectivo saneamiento y protección del todo el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

 Dicha resolución no importa  a nuestro criterio contradicción con lo expresado en el Resolutorio CUARTO, antes bien marcar un camino de futuro en el cual no es posible avanzar sin poderes sancionatorios y con un incidencia cierta en los procedimientos aprobatorios de las instancias locales.

La presentación realizada por ACUMAR en fecha 8/6/09 confirma el inicio del proceso de consultas internas con las áreas competentes de cada jurisdicción tendientes a concretar tales acuerdos interjurisdiccionales.

III. Aspectos procesales

Como es de rigor, el resolutorio QUINTO conmina a la ACUMAR para cumplir con todo lo ordenado, bajo apercibimiento de aplicarse las multas diarias previstas, aclarando que esa sanción podrá ser aplicada en cualquier etapa del proceso. Ello y sin perjuicio de la responsabilidad concurrente que primariamente le corresponden al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires -conforme lo expresado en el Considerando 16 del citado fallo- y la responsabilidad civil y penal que le correspondiere a los funcionarios intervinientes.

La recurrencia de este apercibimiento y la naturaleza de los emplazamientos que cada vez con mayor precisión formula el Juzgado Federal parece sugerir la oportunidad de considerar la mecánica que podría adoptar la Autoridad de Cuenca o, eventualmente, las autoridades de cada uno de las jurisdicciones para hacer frente a las sanciones que pudieran imponerse.

IV. Otros comentarios de interés

Así como la resolución comentada está cargada de mensajes hacia la Autoridad de Cuenca que fueron oportunamente debatidos con motivo de la reunión de su Consejo Directivo realizada el pasado 29 de Mayo, de la misma manera puede decirse que la la presentación realizada por la ACMAR en fecha 8/6/09 también tiene una fuerte carga de mensajes y anuncios, entre los cuales cabe destacar:

  • Una nueva organización administrativa para la ACUMAR plasmada en un nuevo reglamento de organización interna;
  • Diseño del procedimiento administrativo específico para los funcionarios afectados a la inspección de establecimientos.
  • Conformación de equipos capacitados para las inspecciones y revisiones administrativas
  • Soporte técnico externo para aplicar a los procedimientos de reconversión industrial
  • Nuevas sedes para la ACUMAR con un criterio de descentralización operativa;
  • Capacidad presupuestaria de corto, mediano y largo plazo
  • Modificación de la categoría de “agentes contaminantes” por la de “establecimientos sujetos a reconversión industrial”.

De esta manera, comienza a perfilarse un promisorio diálogo intrapoderes estructurado en torno a la decisión de la máxima instancia judicial de la República. Definitivamente, un caso paradigmático.

Alejandro Rossi, 8/6/2009.

Texto de la resolución comentada. Fuente: Centro de Información de la Corte Suprema de Justicia.

Juzgado Federal 22-5-09

Riachuelo, autoridad y gobierno.

Por estos días se vuelve hablar del derrotero del Riachuelo, una vez más y van…. Con razón, resulta muy difícil percibir los cambios. ¿Por qué es tan difícil, siendo políticamente redituable sin duda alguna y existiendo tantos fondos disponibles de origen presupuestario como de créditos internacionales?

Nadie cuestiona la trascendencia de la acción interpuesta por vecinos y organizaciones no gubernamentales en 2006, las sentencias de 2006 y 2008 dictadas por la Corte Suprema, ni tampoco, aun a fuerza de reacción, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, pero todo ello no alcanza para modificar la realidad, es decir, la contaminación del Riachuelo que es la única variable de decisión política que la sociedad civil, hoy, reconoce.

Más allá de la complejidad de cada tema, las cuestiones en juego no son tantas. Obras de infraestructura, control de la contaminación y reconversión de industrias, gestión ordenada de residuos, monitoreo y asistencia de la salud pública de grupos vulnerables y una mejora significativa de la planificación territorial, no mucho más.

Claro que la articulación de esos factores debe ser consistente en extremo, y para ello la descentralización de funciones es un obstáculo, especialmente en la etapa de puesta en marcha. Por eso la Corte exigió una verdadera Autoridad, el Poder Ejecutivo la diseñó, el Poder Legislativo la convalidó y finalmente el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de la ejecución de sentencia la avaló. Y hasta el Banco Mundial reconoció en esa autoridad una garantía de éxito del programa de saneamiento que está a punto de financiar parcialmente en más de 800 millones de dólares.

Sin una acción centralizada el programa de saneamiento no puede avanzar. Con una Autoridad de Cuenca débil para inspeccionar, para clausurar, para imponer programas de reconversión, para dialogar con los sectores productivos, pero también con la sociedad civil, para dictaminar respecto de lo que estima técnica y presupuestariamente viable, y lo que no, el Plan Integral será una entelequia librada a un permanente test de mercado que, naturalmente en función del tiempo transcurrido, será considerado insatisfactorio.

Desde la creación de la Autoridad de Cuenca en 2007 se avanzó en materia de organización administrativa y también se ha integrado recientemente la regulación de segunda generación, que hasta el momento comprende estándares de volcamiento, reglamentos para la participación pública, protocolos de inspección de empresas, procedimiento para declarar agentes contaminantes y procesos de reconversión. También se vienen ejecutando acciones de limpieza y monitoreos puntuales. Pero falta mucho más.

El desafío está en la realidad que constituye el Riachuelo. En modificarla. En gobernarla más allá de plazos judiciales o electorales. Es un cometido que trasciende uno o más gobiernos, de la misma manera que 140 años de contaminación atravesaron todas las etapas y banderías. El conurbano que atraviesan los 2.200 kilómetros de la cuenca es un espacio eminentemente político con fuertes caudales electorales. Pero la gestión del programa debe estructurarse, impulsarse y ejecutarse técnicamente, a partir de los acuerdos políticos con la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y los 14 Municipios que fueron suscriptos en Agosto de 2006.

De allí la trascendencia de advertir que el mandato de la Corte a través de las sentencias dictadas, y también de las que aun están por dictarse en relación a los particulares, sólo podrá cumplirse a través de un ente ejecutor de naturaleza técnica con fuertes avales políticos y con una permanente rendición de cuentas ante las instancias de control.

Puede pensarse, quizás,  que en tiempo de crisis, el programa debería ser suavizado. Por el contrario, la corriente internacional indica que es el momento para asegurar el fondeo de las acciones estructurales y consolidar en tiempos de difíciles un programa que más adelante podrá ser administrado naturalmente. Para ello debe imprimirse a los objetivos un marcado realismo, y en todo lo atinente a la regulación de empresas debe abrirse un diálogo enriquecedor en materia de mejores tecnologías disponibles y recursos, antes que polarizarse un debate ideológico.

Una vez más aparecen los antecedentes de programas exitosos en el Tennesse de Estados Unidos, en el Thames de Reino Unido, en Lerma Chapala de México, el Sena de Francia, el Tieté de Brasil,  el Manzanares de España, el Mekong de China y la lista sigue con países que han superado los casos puntuales y tienen gestiones hídricas exitosas como los Países Bajos. Todos ellos comparten una columna vertebral sólida a través de organismos avalados políticamente y conducidos por un fuerte y calificado staff técnico, capacitado para llevar adelante los cambios necesarios a lo largo de las décadas por venir.

Alejandro Rossi

Nota a la Resolución del Juzgado Federal de Quilmes fechada Noviembre 20, 2008

I. Antecedentes

 

En el marco de la estrategia denominada de “ponderación anticipatoria”, el Juzgado Federal de Quilmes exigió a la Autoridad de Cuenca la presentación de distintos informes relacionados al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema en fecha 08/07/08, en este caso circunscriptos a los objetivos de saneamiento cloacal y fortalecimiento del organismo interjurisdiccional a cargo de la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental[1].

 

En materia cloacal, la ACUMAR presentó lo actuado en el ámbito de la comisión interjurisdiccional de infraestructura y específicamente un documento de convergencia[2] entre el Plan Director Cloacal a cargo de AySA y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, del cual se desprenden los acuerdos entre las áreas de Ambiente y Planificación, respectivamente, para ejecutar las obras relacionadas con los objetivos de saneamiento cloacal.

 

Asimismo, se celebraron sobre este mismo objetivo dos audiencias en el Juzgado Federal de Quilmes (fechadas 12 y 13 de noviembre 2008) a los efectos de precisar los compromisos asumidos por los distintos actores, entre los cuales se considera de manera determinante el financiamiento de dichas obras a través de un crédito internacional actualmente en proceso de gestión ante el Banco Mundial, como consecuencia de los cuales el Juez estableció el plazo del 6/4/09 para la presentación definitiva de los compromisos en materia de saneamiento cloacal.

 

Finalmente, y en relación con la obtención del crédito internacional antes referido, se destaca la necesidad de asegurar la estrategia de fortalecimiento institucional del organismo del cuenca “…a los fines de poder dar fiel y acabado cumplimiento con el fallo de la C.S.J.N., dar estricta conclusión al presupuesto a utilizarse y esterizar a dicha autoridad de toda posible ingerencia política indebida”.

 

II. Aspectos sustanciales

 

Enmarcado en la política judicial de tutela anticipatoria, el resolutorio conmina a la Autoridad de Cuenca a dar adecuada continuidad (que el Juzgado Federal adjetiva con la referencia a una modalidad “simultánea” e “ininterrumpida”)  a las acciones tendientes al cumplimiento del objetivo de saneamiento cloacal y en particular a las obras de :

 

a) Ampliación del Colector Margen Izquierda;

b) Desvío y Prolongación Bajo Costanero;

c) Emisario Riachuelo;

d) Planta de Tratamiento Riachuelo;

e) Estación de Bombeo Riachuelo y

f) Colector Margen Derecha.

 

El objetivo de tal emplazamiento es enunciado de manera muy precisa en los siguientes términos que transcribimos, dada su trascendencia: “… con el objeto de lograr por completo el cese del vertido de efluentes líquidos (el subrayado nos pertenece) industriales, peligrosos o especiales, residuos cloacales y domiciliarios, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole, que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, como así también que resulten útiles para la preservación de la calidad del agua de la misma”.

 

La cuestión no es menor, dada la significación presupuestaria y estratégica en cuanto a las consecuencias previstas de las obras sobre la cuenca Matanza Riachuelo[3]. Si bien es menester notar que en todo caso la metodología seguida oportunamente tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Juzgado de ejecución de sentencia, ha sido re-expresar, de manera asertiva y precisa, con plazos bien establecidos, los objetivos de política pública que en su momento comprometiera la misma Administración, todo lo cual conformó, en el caso, el denominado objeto de saneamiento cloacal, no es menos cierto que dichos compromisos son ahora contenidos positivos de una sentencia condenatoria en cabeza del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de las responsabilidad ejecutorias, en sede administrativa, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

 

Ahora bien, es dable conjeturar que, para el caso de variar todas o alguna de las circunstancias que hubieran dado base a la estructuración de la política pública definida por el Poder Ejecutivo (a través de la fórmula pluri-subjetiva que sustenta ACUMAR), pues entonces correspondería al organismo de cuenca acreditar justificadamente ante el Juzgado de ejecución de sentencia la circunstancia sobreviniente, la imposibilidad –por ejemplo, en caso de limitación presupuestaria–  o inconveniencia –por ejemplo, en caso de mejor alternativa tecnológica–  de mantener el curso trazado originalmente y, fundamentalmente, la descripción precisa del nuevo objetivo con su adecuado respaldo técnico, presupuestario y operativo, todo lo cual deberá ser ponderado por el juzgador, luego de dar intervención a las restantes partes del proceso de ejecución de sentencia.

 

III. Aspectos procesales

 

Es interesante destacar la visión finalista del instituto de la multa procesal instituida por la Corte Suprema en su resolución del 8/7/08, respecto de la cual la resolución comentada  imprime una visión, a la vez despersonalizada y ampliada. En efecto, señala el resolutorio que la eventual multa “…podrá ser aplicada sobre la autoridad obligada y los Estados que la conforman (el destacado nos pertenece), en cualquier etapa de este proceso y con los alcances esbozados en el Considerando 21 último párrafo del fallo a ejecutarse”.

 

De ello se desprende, en primer término,  la aplicación de la multa sobre la Autoridad antes que sobre la Presidencia de la misma, lo cual es acorde con la finalidad del instituto que es instar a que el organismo de cuenca en su conjunto adopte las decisiones necesarias para cumplir con la sentencia. Y en segundo término, que la multa puede recaer sobre los distintos Estados –y otra vez, no sobre los representantes de los Estados ante la Autoridad de Cuenca—en la medida que sus decisiones resulten contrarias al cumplimiento circunstanciado de las obligaciones establecidas en la sentencia.   La terminología “Estados” estaría, a nuestro entender, delimitando el conjunto formado por el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y excluyendo a los municipios de al cuenca, en concordancia con lo resuelto por la Corte Suprema en ocasión del dictado de la sentencia del 8/7/08.

 

En todo caso, la relectura del sujeto pasivo de la eventual aplicación de multas constituye a nuestro entender una saludable contribución del Juzgado Federal en aras de interpretar prudentemente el verdadero espíritu del astreinte en tanto “conminación al cumplimiento” antes que “expiación” de una pena.

 

Finalmente, también corresponde notar el emplazamiento eventual de responsabilidad extensiva, formulado en el resolutorio, en materia tanto civil como penal, a todos los funcionarios de la Administración Pública –en todos sus niveles se entiende– que intervengan, como así también a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinas S.A. (AySA) y sus directivos. Cabe aquí la observación en cuanto a que el sujeto pasivo de tal hipotética responsabilidad comprendería a los municipios, en tanto que comprendidos dentro del género “Administración”.

 

IV. Otros comentarios de interés

 

Resulta importante destacar la toma de posición del Juzgado Federal en cuanto a que las obras cloacales deben ejecutarse con el propósito de lograr “…por completo el cese de vertido de sustancias de cualquier tipo, que contamine el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, preservando la calidad del agua de esa cuenca, como así también la del Río de la Plata”.

 

Se trata de una obligación de medio, no de resultado, signada por el principio de progresividad previsto en la Ley General del Ambiente[4], pero que en la visión del Juzgador debe encaminarse inexorablemente hacia la supresión de todos los vertidos, que sean desde luego puntuales y adecuadamente identificados.

 

Cabe recordar, sin embargo, lo oportunamente establecido por la Corte Suprema en su resolución del 8/7/08 en cuanto a la necesidad de ordenar el cese de vertidos de aquellas actividades contaminantes (Considerando 17º, punto III, apartado 5), en concordancia con lo oportunamente solicitado tanto por los demandantes como por el Defensor del Pueblo de la Nación.

 


[1] El Resumen Ejecutivo del Plan Integral fue aprobado por Resolución ACUMAR Nº8/2007.

 

[2] Documento de Convergencia suscripto entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Agencia de Planificación (APLA), ACUMAR y AySA en fecha 1-7-08.

[3] Es importante tener en mente que la cuenca Matanza Riachuelo comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, a lo largo de los cuales discurre un curso de agua principal que comprende 64 km de extensión que atraviesa 14 Municipios de la Provincia de Buenos Aires y buena parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[4] Ley nacional 25.675, art. 4º.