Riachuelo, autoridad y gobierno.

Por estos días se vuelve hablar del derrotero del Riachuelo, una vez más y van…. Con razón, resulta muy difícil percibir los cambios. ¿Por qué es tan difícil, siendo políticamente redituable sin duda alguna y existiendo tantos fondos disponibles de origen presupuestario como de créditos internacionales?

Nadie cuestiona la trascendencia de la acción interpuesta por vecinos y organizaciones no gubernamentales en 2006, las sentencias de 2006 y 2008 dictadas por la Corte Suprema, ni tampoco, aun a fuerza de reacción, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, pero todo ello no alcanza para modificar la realidad, es decir, la contaminación del Riachuelo que es la única variable de decisión política que la sociedad civil, hoy, reconoce.

Más allá de la complejidad de cada tema, las cuestiones en juego no son tantas. Obras de infraestructura, control de la contaminación y reconversión de industrias, gestión ordenada de residuos, monitoreo y asistencia de la salud pública de grupos vulnerables y una mejora significativa de la planificación territorial, no mucho más.

Claro que la articulación de esos factores debe ser consistente en extremo, y para ello la descentralización de funciones es un obstáculo, especialmente en la etapa de puesta en marcha. Por eso la Corte exigió una verdadera Autoridad, el Poder Ejecutivo la diseñó, el Poder Legislativo la convalidó y finalmente el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de la ejecución de sentencia la avaló. Y hasta el Banco Mundial reconoció en esa autoridad una garantía de éxito del programa de saneamiento que está a punto de financiar parcialmente en más de 800 millones de dólares.

Sin una acción centralizada el programa de saneamiento no puede avanzar. Con una Autoridad de Cuenca débil para inspeccionar, para clausurar, para imponer programas de reconversión, para dialogar con los sectores productivos, pero también con la sociedad civil, para dictaminar respecto de lo que estima técnica y presupuestariamente viable, y lo que no, el Plan Integral será una entelequia librada a un permanente test de mercado que, naturalmente en función del tiempo transcurrido, será considerado insatisfactorio.

Desde la creación de la Autoridad de Cuenca en 2007 se avanzó en materia de organización administrativa y también se ha integrado recientemente la regulación de segunda generación, que hasta el momento comprende estándares de volcamiento, reglamentos para la participación pública, protocolos de inspección de empresas, procedimiento para declarar agentes contaminantes y procesos de reconversión. También se vienen ejecutando acciones de limpieza y monitoreos puntuales. Pero falta mucho más.

El desafío está en la realidad que constituye el Riachuelo. En modificarla. En gobernarla más allá de plazos judiciales o electorales. Es un cometido que trasciende uno o más gobiernos, de la misma manera que 140 años de contaminación atravesaron todas las etapas y banderías. El conurbano que atraviesan los 2.200 kilómetros de la cuenca es un espacio eminentemente político con fuertes caudales electorales. Pero la gestión del programa debe estructurarse, impulsarse y ejecutarse técnicamente, a partir de los acuerdos políticos con la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y los 14 Municipios que fueron suscriptos en Agosto de 2006.

De allí la trascendencia de advertir que el mandato de la Corte a través de las sentencias dictadas, y también de las que aun están por dictarse en relación a los particulares, sólo podrá cumplirse a través de un ente ejecutor de naturaleza técnica con fuertes avales políticos y con una permanente rendición de cuentas ante las instancias de control.

Puede pensarse, quizás,  que en tiempo de crisis, el programa debería ser suavizado. Por el contrario, la corriente internacional indica que es el momento para asegurar el fondeo de las acciones estructurales y consolidar en tiempos de difíciles un programa que más adelante podrá ser administrado naturalmente. Para ello debe imprimirse a los objetivos un marcado realismo, y en todo lo atinente a la regulación de empresas debe abrirse un diálogo enriquecedor en materia de mejores tecnologías disponibles y recursos, antes que polarizarse un debate ideológico.

Una vez más aparecen los antecedentes de programas exitosos en el Tennesse de Estados Unidos, en el Thames de Reino Unido, en Lerma Chapala de México, el Sena de Francia, el Tieté de Brasil,  el Manzanares de España, el Mekong de China y la lista sigue con países que han superado los casos puntuales y tienen gestiones hídricas exitosas como los Países Bajos. Todos ellos comparten una columna vertebral sólida a través de organismos avalados políticamente y conducidos por un fuerte y calificado staff técnico, capacitado para llevar adelante los cambios necesarios a lo largo de las décadas por venir.

Alejandro Rossi

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