Nota a la Resolución del Juzgado Federal de Quilmes fechada Noviembre 20, 2008

I. Antecedentes

 

En el marco de la estrategia denominada de “ponderación anticipatoria”, el Juzgado Federal de Quilmes exigió a la Autoridad de Cuenca la presentación de distintos informes relacionados al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Suprema en fecha 08/07/08, en este caso circunscriptos a los objetivos de saneamiento cloacal y fortalecimiento del organismo interjurisdiccional a cargo de la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental[1].

 

En materia cloacal, la ACUMAR presentó lo actuado en el ámbito de la comisión interjurisdiccional de infraestructura y específicamente un documento de convergencia[2] entre el Plan Director Cloacal a cargo de AySA y el Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Hídrica Matanza-Riachuelo, del cual se desprenden los acuerdos entre las áreas de Ambiente y Planificación, respectivamente, para ejecutar las obras relacionadas con los objetivos de saneamiento cloacal.

 

Asimismo, se celebraron sobre este mismo objetivo dos audiencias en el Juzgado Federal de Quilmes (fechadas 12 y 13 de noviembre 2008) a los efectos de precisar los compromisos asumidos por los distintos actores, entre los cuales se considera de manera determinante el financiamiento de dichas obras a través de un crédito internacional actualmente en proceso de gestión ante el Banco Mundial, como consecuencia de los cuales el Juez estableció el plazo del 6/4/09 para la presentación definitiva de los compromisos en materia de saneamiento cloacal.

 

Finalmente, y en relación con la obtención del crédito internacional antes referido, se destaca la necesidad de asegurar la estrategia de fortalecimiento institucional del organismo del cuenca “…a los fines de poder dar fiel y acabado cumplimiento con el fallo de la C.S.J.N., dar estricta conclusión al presupuesto a utilizarse y esterizar a dicha autoridad de toda posible ingerencia política indebida”.

 

II. Aspectos sustanciales

 

Enmarcado en la política judicial de tutela anticipatoria, el resolutorio conmina a la Autoridad de Cuenca a dar adecuada continuidad (que el Juzgado Federal adjetiva con la referencia a una modalidad “simultánea” e “ininterrumpida”)  a las acciones tendientes al cumplimiento del objetivo de saneamiento cloacal y en particular a las obras de :

 

a) Ampliación del Colector Margen Izquierda;

b) Desvío y Prolongación Bajo Costanero;

c) Emisario Riachuelo;

d) Planta de Tratamiento Riachuelo;

e) Estación de Bombeo Riachuelo y

f) Colector Margen Derecha.

 

El objetivo de tal emplazamiento es enunciado de manera muy precisa en los siguientes términos que transcribimos, dada su trascendencia: “… con el objeto de lograr por completo el cese del vertido de efluentes líquidos (el subrayado nos pertenece) industriales, peligrosos o especiales, residuos cloacales y domiciliarios, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole, que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, como así también que resulten útiles para la preservación de la calidad del agua de la misma”.

 

La cuestión no es menor, dada la significación presupuestaria y estratégica en cuanto a las consecuencias previstas de las obras sobre la cuenca Matanza Riachuelo[3]. Si bien es menester notar que en todo caso la metodología seguida oportunamente tanto por la Corte Suprema de Justicia como por el Juzgado de ejecución de sentencia, ha sido re-expresar, de manera asertiva y precisa, con plazos bien establecidos, los objetivos de política pública que en su momento comprometiera la misma Administración, todo lo cual conformó, en el caso, el denominado objeto de saneamiento cloacal, no es menos cierto que dichos compromisos son ahora contenidos positivos de una sentencia condenatoria en cabeza del Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de las responsabilidad ejecutorias, en sede administrativa, de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.

 

Ahora bien, es dable conjeturar que, para el caso de variar todas o alguna de las circunstancias que hubieran dado base a la estructuración de la política pública definida por el Poder Ejecutivo (a través de la fórmula pluri-subjetiva que sustenta ACUMAR), pues entonces correspondería al organismo de cuenca acreditar justificadamente ante el Juzgado de ejecución de sentencia la circunstancia sobreviniente, la imposibilidad –por ejemplo, en caso de limitación presupuestaria–  o inconveniencia –por ejemplo, en caso de mejor alternativa tecnológica–  de mantener el curso trazado originalmente y, fundamentalmente, la descripción precisa del nuevo objetivo con su adecuado respaldo técnico, presupuestario y operativo, todo lo cual deberá ser ponderado por el juzgador, luego de dar intervención a las restantes partes del proceso de ejecución de sentencia.

 

III. Aspectos procesales

 

Es interesante destacar la visión finalista del instituto de la multa procesal instituida por la Corte Suprema en su resolución del 8/7/08, respecto de la cual la resolución comentada  imprime una visión, a la vez despersonalizada y ampliada. En efecto, señala el resolutorio que la eventual multa “…podrá ser aplicada sobre la autoridad obligada y los Estados que la conforman (el destacado nos pertenece), en cualquier etapa de este proceso y con los alcances esbozados en el Considerando 21 último párrafo del fallo a ejecutarse”.

 

De ello se desprende, en primer término,  la aplicación de la multa sobre la Autoridad antes que sobre la Presidencia de la misma, lo cual es acorde con la finalidad del instituto que es instar a que el organismo de cuenca en su conjunto adopte las decisiones necesarias para cumplir con la sentencia. Y en segundo término, que la multa puede recaer sobre los distintos Estados –y otra vez, no sobre los representantes de los Estados ante la Autoridad de Cuenca—en la medida que sus decisiones resulten contrarias al cumplimiento circunstanciado de las obligaciones establecidas en la sentencia.   La terminología “Estados” estaría, a nuestro entender, delimitando el conjunto formado por el Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y excluyendo a los municipios de al cuenca, en concordancia con lo resuelto por la Corte Suprema en ocasión del dictado de la sentencia del 8/7/08.

 

En todo caso, la relectura del sujeto pasivo de la eventual aplicación de multas constituye a nuestro entender una saludable contribución del Juzgado Federal en aras de interpretar prudentemente el verdadero espíritu del astreinte en tanto “conminación al cumplimiento” antes que “expiación” de una pena.

 

Finalmente, también corresponde notar el emplazamiento eventual de responsabilidad extensiva, formulado en el resolutorio, en materia tanto civil como penal, a todos los funcionarios de la Administración Pública –en todos sus niveles se entiende– que intervengan, como así también a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinas S.A. (AySA) y sus directivos. Cabe aquí la observación en cuanto a que el sujeto pasivo de tal hipotética responsabilidad comprendería a los municipios, en tanto que comprendidos dentro del género “Administración”.

 

IV. Otros comentarios de interés

 

Resulta importante destacar la toma de posición del Juzgado Federal en cuanto a que las obras cloacales deben ejecutarse con el propósito de lograr “…por completo el cese de vertido de sustancias de cualquier tipo, que contamine el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, preservando la calidad del agua de esa cuenca, como así también la del Río de la Plata”.

 

Se trata de una obligación de medio, no de resultado, signada por el principio de progresividad previsto en la Ley General del Ambiente[4], pero que en la visión del Juzgador debe encaminarse inexorablemente hacia la supresión de todos los vertidos, que sean desde luego puntuales y adecuadamente identificados.

 

Cabe recordar, sin embargo, lo oportunamente establecido por la Corte Suprema en su resolución del 8/7/08 en cuanto a la necesidad de ordenar el cese de vertidos de aquellas actividades contaminantes (Considerando 17º, punto III, apartado 5), en concordancia con lo oportunamente solicitado tanto por los demandantes como por el Defensor del Pueblo de la Nación.

 


[1] El Resumen Ejecutivo del Plan Integral fue aprobado por Resolución ACUMAR Nº8/2007.

 

[2] Documento de Convergencia suscripto entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, la Agencia de Planificación (APLA), ACUMAR y AySA en fecha 1-7-08.

[3] Es importante tener en mente que la cuenca Matanza Riachuelo comprende un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, a lo largo de los cuales discurre un curso de agua principal que comprende 64 km de extensión que atraviesa 14 Municipios de la Provincia de Buenos Aires y buena parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[4] Ley nacional 25.675, art. 4º.

 

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