A cinco años de la segunda sentencia dictada para sanear la cuenca Matanza Riachuelo, existen varias asignaturas pendientes

ImagenEl 8 de Julio de 2008 se dictó la segunda sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la causa “Mendoza” referida al saneamiento de la causa Matanza Riachuelo. Por entonces, el Máximo Tribunal de la República delineaba un nuevo paradigma a partir del desborde de competencias judiciales sobre el Poder Ejecutivo con el propósito de brindar cabal cumplimiento a las garantías contenidas en el artículo 41 de la Constitución Nacional.

 

La causa se había originado a partir de la demanda interpuesta por un grupo de vecinos del barrio de la Boca en el año 2003, la cual desembocó en una primera sentencia del Máximo Tribunal dictada en 2006. La pretensión de los vecinos estuvo centrada en la protección de los derechos a la salud de los vecinos.  La sentencia original (2006) planteó las grandes columnas para motorizar un plan de saneamiento de la cuenca que finalmente, mientras que la sentencia que hoy recordamos (2008), vino a poner en marcha, a través de un plan de acción originado, peculiarmente, en el Máximo Tribunal de Justicia.

 

 

Muchos son los aspectos que podemos valorar en este pronunciamiento. La coerción sobre sobre las Administraciones Públicas para impulsar acciones de saneamiento se encuentran en primer término por el lado del Poder Judicial. Por el lado del Poder Legislativo, cabe destacar la el dictado de la ley 26.168 (2006)  que estructuró la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en tanto que entidad unificadora de mandatos por entonces dispersos. Finalmente, por el lado del Poder Ejecutivo Nacional, la puesta en marcha de la Autoridad de Cuenca y sus múltiples programas es, actualmente, una realidad.

 

 

Sin embargo, es necesario volver a mirar la demanda presentada por los vecinos en el año 2003 para considerar si el camino transitado constituye el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles o si cabe todavía pensar en una política pública más eficiente en términos económicos, eficaz en términos operativos y justa en términos distributivos. Para ello presentamos solamente algunas ideas que esperamos resulten disparadoras de debates, estudios y acciones.

 

 

1) Con respecto al Poder Judicial: Los vecinos reclamaban una indemnización y un plan de acción de salud. Lo primero fue descartado con respecto a la competencia originaria de la Corte Suprema. La atención de la salud de las víctimas de la contaminación jamás fue resuelta y sigue siendo una necesidad impostergable, pero postergada. Tampoco se constituyó el Fondo Ambiental que había sido demandado por las víctimas. La conducción judicial de la ejecución de la sentencia se encuentra notoriamente debilitada a partir de la remoción del Juez Federal de Quilmes y las organizaciones de la sociedad civil que integran el Cuerpo Colegiado han quedado progresivamente debilitadas por la falta de liderazgo de la Defensoría del Pueblo y la falta de recursos económicos.

 

 

2) Con respecto al Poder Legislativo: Las acciones de seguimiento posteriores a la sanción de la ley han sido más bien burocráticas o teñidas de profundos sesgos políticos a través de eternos e ineficaces pedidos de información al Poder Ejecutivo. Brilla por su ausencia la constitución de un cuerpo técnico que pueda aportar diagnóstico en tiempo real sobre lo que funciona, y lo que no funciona en el marco de una ley tan determinante como lo es la 26.168.

 

 

3) Con respecto al Poder Ejecutivo: La sentencia de 2006 tomaba nota de la demanda vecinal sobre la desviación de fondos resultantes del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo.  Posteriormente fue gestionado y obtenido (2009) un préstamo del Banco Mundial #BM por 840 millones de dólares, del cual actualmente se ha ejecutado menos del 1%. A Junio 2013 se han desembolsado 7,1 millones de dólares y se han pagado 4,5  millones de intereses y cargos financieros. Otra vez la msma historia?

 

 

El seguro ambiental está lejos de ser una realidad útil para la prevención y  atención del eventual daño ambiental. Los planes de reconversión ambiental no se terminan de entender. Las organizaciones de la sociedad civil, más allá del Cuerpo Colegiado, no alcanzan a estructurar acciones convergentes para controlar y acompañar el trabajo de las autoridades y las empresas. 

 

 

A 5 años de la segunda sentencia dictada por la Corte, 7 años de la primera y 10 años de la demanda interpuesta por los vecinos de la Boca, el gran logro es sin duda, haber puesto el Riachuelo en la agenda política. A su vez, esto se ha proyectado en un logro institucional que es funcional a una visión de largo plazo como lo es  la creación de una autoridad de cuenca que está activa, aunque con un permanente crecimiento de programas y empleados no siempre enriquecedor. Pero es necesario dar un paso más y asegurar que la dirección de las acciones se encuentre suficientemente alineada con la necesidad de justicia planteada por las víctimas de la contaminación y las necesidades de desarrollo económico, social y ambiental que reclama el área metropolitana más grande del país.

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Se presenta en el Centro Cultural Recoleta un documental sobre la contaminación del Riachuelo

“Liquid City” (India, UK 2007) de Matthew Ghandy (UCL) y “Una asamblea de humanos y no humanos en la cuenca del  Matanzas Riachuelo” (AR 2008) de M7red.
“Liquid City”                                                                                                      “Una asamblea de humanos y no humanos en la CMR”

Viernes 9 de octubre 18.00 hs. Centro Cultural Recoleta.
Microcine primer piso.
Proyección y mesa redonda con la participación de:
Lucas Rubinich (Director de la carrera de Sociología UBA)
Alejandro Valls Rossi (Abogado especializado en Derecho Ambiental y secretario general de la Autoridad de Cuenca Matanzas Riachuelo 2006-8)
Marcelo Weissel (Arqueólogo del riachuelo y director del programa “Historia bajo las baldosas”).

Liquid City (30 minutos; Ingles, Hindi y Marathi con subtítulos en Ingles) India,UK. 2007.
“El tortuoso flujo de agua a traves de Mumbai presenta uno de los mas impactantes indicadores de persistente inequidad dentro de las metrópolis globalizadas. El documental Liquid City explora la complejidad de las políticas de agua en Mumbai. Desde el desafío ingenieril de transferir a la ciudad 3000 millones de litros de agua por dia desde la jungla, los lagos y montanias de la provincia de Maharashtra, hasta los debates sobre inundaciones, privatizaciones y conflictos sociales. El documental esta basado en una colaboración entre académicos y cineastas basados en Londres y Mumbai y combina entrevistas con activistas, ingenieros, residentes y otras voces para describir un cuadro único de esta vibrante y rápidamente cambiante ciudad.”

Ciudades en Escena: Una Asamblea de humanos y no humanos en la cuenca del Matanzas Riachuelo
(14 minutos; Castellano con subtítulos en Ingles) AR. 2008.
“La cuenca del Matanzas Riachuelo es una emergencia compleja y candente, un escenario denso y embrollado que afecta no solo a diversas jurisdicciones territoriales, sino que es un campo potencial para una nueva relación entre técnica, naturaleza y política. Por lo tanto el futuro de la interrelación de los actores que pueblan la cuenca podría desplegar un  nuevo tipo de imaginación política, nuevas pasiones colectivas y nuevas formas de representación. Este cambio local, pero también global, en las formas de intuición y los modelos alternativos de relación entre actores que la cuenca deja entrever, es el asunto del proyecto ensamblea”

Espacio microcine. Imágenes en movimiento: arquitectura ciudad y territorio

Incluido en la programación de la XII Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires. 3 al 12 de octubre de 2009.

 

Para más información contactarse con el Arq. Mauricio Corbalán maurits.biffabacon@gmail.com

A un año de la sentencia dictada por la Corte Suprema

Con motivo del aniversario de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en la causa Mendoza, han comenzado a conocerse diversas opiniones en torno a los logros alcanzados y pendientes por parte de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo a partir de la trascendente decisión.

Desde la prensa oral y escrita  hasta las organizaciones no gubernamentales, estamos procurando reflejar sin restricciones (ver la sección de noticias)  los informes y opiniones que se van reflejando, aunque merece destacarse sin duda alguna el Informe presentado por el Juzgado Federal de Quilmes en el día de ayer. Sin contenidos valorativos que serían propios de un decisorio, el Informe transita por un estilo que pretende apegarse a una narración objetiva de los hecho, aportando eso sí una ponderación del rol de la judicatura en la causa.

Es claro a esta altura que nadie niega el impacto que ha tenido la decisión del Máximo Tribunal de Justicia sobre la realidad. Y este no es un dato menor, que habla de una institucionalidad preservada y creciente. A partir de este dato, empero, los caminos se abren para discernir cuáles son los roles de los distintos actores y cuál es el futuro para este complejo problema.

Trataremos en breve de ordenar estas opiniones y proyectar el camino a seguir a partir del balance realizado en un contexto definitivamente peculiar.

Alejandro Rossi, Julio 8 de 2009.

Una nueva oportunidad para el Riachuelo

Finalmente fue aprobado el préstamo del Banco Mundial por 840 millones de dólares en su primer tramo. En un momento signado por la crisis económica, el principal escollo para ejecutar el Plan Integral de Saneamiento Ambiental acaba de ser removido por la decisión del organismo financiero. Luego de más de dos años de trabajo intenso, el programa de préstamo, sin precedentes por su magnitud, se convierte en realidad y con ello se vuelven las miradas a la clase política en su conjunto.  El indispensable respaldo político para ejecutar el Plan debe ser proporcionado en todas las instancias nacionales, provinciales y municipales para permitir que la causas de la contaminación puedan ser afrontadas cabalmente.

El rol de la Autoridad de Cuenca es determinante, naturalmente, para la adecuada ejecución del proyecto y para aunar esas voluntades político-institucionales en pos de un objetivo común, tal como lo exigió oportunamente la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 8 de Julio de 2008 y más recientemente el Juzgado Federal de Quilmes  en su resolución del 22 de Mayo de 2009. Es que el desafío institucional sigue ocupando un rol primordial en la estrategia de saneamiento del Riachuelo, aun a pesar de los pactos interjurisdiccionales, la ley marco 26.168 y sus adhesiones y  las resoluciones dictadas por el Poder Judicial.

Habrá que tener presente que el Banco Mundial y en particular el préstamo otorgado, por sí solos, carecen de virtualidad para asegurar el cumplimiento de los objetivos ambientales y sociales del proyecto. Podrán ejecutarse obras de saneamiento básico, limpiarse márgenes y removerse basurales, promoverse la reconversión industrial con líneas de crédito blandas y donaciones, erigirse polos industriales y crearse nuevas sedes administrativas para descentralizar la acción de la autoridad. Nada de eso será eficaz sin la savia conductora de la decisión política encarnada sustancialmente en el ejercicio de una facultad indelegable de la Administración Pública: el ejercicio cabal y unificado del poder de policía ambiental.

Por eso es que concluimos con una obviedad. Existen dos maneras de ejecutar un crédito de magnitud inédita en la historia de la región para saneamiento de cuencas hídricas: a) ejecutarlo formalmente, con una visión aislada de sus módulos y propendiendo a un cumplimiento formal ó b) ejecutarlo consistentemente, haciendo jugar sus componentes de manera funcional a los objetivos de recuperación ambiental que inspiraron a quienes concibieron el programa de préstamo en respuesta a un reclamo social instalado ante el Máximo tribunal de la República.

En ese contexto, las variables de saneamiento cloacal, saneamiento de residuos y reconversión industrial constituirán aspectos centrales de la estrategia de saneamiento, donde corresponderá trabajar intensamente en la elaboración de indicadores consistentes, planes posibles y compromisos firmes y afianzados por todos los actores.

La crisis económica, al final del día, como principal sombra que acechaba al saneamiento del Riachuelo, encuentra en este programa un antídoto financiero.  Una nueva oportunidad queda planteada para desmitificar el insondable misterio “institucional” del Riachuelo. Que así sea. 

Alejandro Rossi,  10/6/09

ACCION Y REACCION – PARTE II. La resolución del 22/5/09 y la presentación ACUMAR del 8/6/09

I. Antecedentes

Preocupado por el transcurso del tiempo, el advenimiento de circunstancias electorales de público conocimiento y la gravedad de los desafíos que día a día se tornan más patentes y patéticos como los recientes episodios registrados en el predio de ACUBA (Lanús), el Juzgado Federal de Quilmes llama a la Autoridad de Cuenca “a ordenarse”, lo que sugiere una visión judicial no del todo “satisfecha” respecto al proceso de saneamiento pero, al mismo tiempo, constructiva.

A continuación comentamos sucintamente la resolución que pareciera marcar un punto de inflexión en la política judicial vinculada a la causa “Mendoza”, aun cuando la exigüidad de los plazos que establece pareciera sesgar el emplazamiento más hacia una modificación actitudinal que hacia un resultado puntual.

La presentación realizada por la Autoridad de Cuenca de fecha 8/6/2009 y a cuyo texto hemos accedido a través del sitio web de la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirma este sesgo “simbólico” orientado a confirmar un rumbo de fortalecimiento signado por instrumentos y acuerdos en curso de aprobación.

II. Aspectos sustanciales

a) Fortalecimiento institucional

El resolutorio CUARTO ordena a ACUMAR la presentación con fecha 08 de junio de 2009, de un “…informe que contenga las decisiones a las que hubiera llegado a través de su Consejo Directivo, a los fines del funcionamiento autónomo y efectivo de esa autoridad, conforme lo descripto en los Considerandos 11° y 12° de la presente resolución, debiéndose acompañar al efecto las actas y/o documentos respectivos, con los requisitos necesarios para su publicación y puesta en funcionamiento en forma inmediata”.

“Para ello…” –continúa la parte dispositiva–, “…las decisiones adoptadas deberán asegurar la existencia de ACUMAR como la única autoridad de aplicación y con competencia ambiental exclusiva y excluyente sobre la cuenca hídrica en cuestión, la existencia de un procedimiento único que abarque la actuación de la misma, la competencia exclusiva y excluyente de este Juzgado Federal de Primera Instancia en la revisión judicial de la actuación de esa autoridad”.

El Juzgado Federal de Quilmes viene de esta manera a funcionar como “caja de resonancia” de los distintos cuestionamientos planteados en ocasión de la reunión del Consejo Directivo que parecerían albergar dudas –en el mejor de los casos—respecto de las facultades de la ACUMAR para ejercer cabalmente su rol de autoridad. En tal sentido, el considerando SEGUNDO conceptualiza a la autoridad de cuenca como “ente interjurisdiccional autónomo y autárquico, que posee competencia y facultades superiores a la de los estados que la conforman” basando su conformidad al principio de legalidad  en una “…ley-convenio…”cuya misma adhesión por ley al derecho provincial como expresión de derecho intrafederal, importa su prevalencia sobre “…por sobre todas las leyes locales…” , allanándose una vez más dentro y fuera de la causa “Mendoza” lo atinente a la constitucionalidad de la creación institucional para la gestión integrada de cuencas hídricas.

Es de notar en todo caso, la argumentación judicial respecto de la razonabilidad de tal construcción institucional, cimentada al entender del Juzgador –y con debida cita del debate parlamentario– tanto en la dispersión que caracteriza a la legislación ambiental de la cuenca, como en la subsidiariedad que exige de una Autoridad superior el apoyo y contribución al desarrollo de las finalidades propias de los estamentos locales.

En síntesis, tanto la legalidad como la razonabilidad de la norma en su contenido institucional han sido favorecidas en esta instancia con la fuerza de la cosa juzgada, y reiterada una vez más la doctrina según la cual debe tomarse el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia en fecha 8/7/2008 como “fuente legal, de incumbencia directa para la interpretación y aplicación de la Ley 26.168”.

b) Continuación de inspecciones y el objetivo del cese de vertidos

El resolutorio CUARTO ordena a la ACUMAR que “…continúe con las inspecciones de las empresas existentes en la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, y la adopción de todas las medidas necesarias que permitan comprobar fehacientemente que se haya cesado por completo el vertido de efluentes líquidos industriales, residuos peligrosos o especiales, emisiones contaminantes y/o sustancias de toda índole, que contaminen de cualquier forma el medio ambiente de la cuenca, por parte de los establecimientos allí existentes” manteniendo la exigencia de presentación de informes de avance quincenales, conforme lo ordenado en el punto III del resolutorio de fecha 22-10-08.

Si bien la cuestión no fue objeto de presentación expresa en el responde de la ACUMAR fecha 8/6/2009, pareciera que la cuestión del cese completo de vertidos puntuales (domésticos e industriales) seguirá siendo una asignatura pendiente de tratamiento hasta el momento en que se haya estructurado un plan de acción consistente, desde los usos y objetivos de calidad, hasta las efectivas posibilidades de los establecimientos radicados en la cuenca. Dicha estrategia requiere de arquitecturas de acuerdo complejas que deben basarse en un conocimiento preciso y sólido de la realidad.

c) Recomendación de pacto interjurisdiccional

El resolutorio SEXTO “recomienda” al Estado Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que “analicen” la necesidad de ajustar los mecanismos legales para la creación de un pacto interjurisdiccional que unifique y prevea las sanciones que deberá aplicar la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con el objeto de dar cumplimiento al fallo en ejecución, y lograr así el efectivo saneamiento y protección del todo el medio ambiente de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo.

 Dicha resolución no importa  a nuestro criterio contradicción con lo expresado en el Resolutorio CUARTO, antes bien marcar un camino de futuro en el cual no es posible avanzar sin poderes sancionatorios y con un incidencia cierta en los procedimientos aprobatorios de las instancias locales.

La presentación realizada por ACUMAR en fecha 8/6/09 confirma el inicio del proceso de consultas internas con las áreas competentes de cada jurisdicción tendientes a concretar tales acuerdos interjurisdiccionales.

III. Aspectos procesales

Como es de rigor, el resolutorio QUINTO conmina a la ACUMAR para cumplir con todo lo ordenado, bajo apercibimiento de aplicarse las multas diarias previstas, aclarando que esa sanción podrá ser aplicada en cualquier etapa del proceso. Ello y sin perjuicio de la responsabilidad concurrente que primariamente le corresponden al Estado Nacional, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires -conforme lo expresado en el Considerando 16 del citado fallo- y la responsabilidad civil y penal que le correspondiere a los funcionarios intervinientes.

La recurrencia de este apercibimiento y la naturaleza de los emplazamientos que cada vez con mayor precisión formula el Juzgado Federal parece sugerir la oportunidad de considerar la mecánica que podría adoptar la Autoridad de Cuenca o, eventualmente, las autoridades de cada uno de las jurisdicciones para hacer frente a las sanciones que pudieran imponerse.

IV. Otros comentarios de interés

Así como la resolución comentada está cargada de mensajes hacia la Autoridad de Cuenca que fueron oportunamente debatidos con motivo de la reunión de su Consejo Directivo realizada el pasado 29 de Mayo, de la misma manera puede decirse que la la presentación realizada por la ACMAR en fecha 8/6/09 también tiene una fuerte carga de mensajes y anuncios, entre los cuales cabe destacar:

  • Una nueva organización administrativa para la ACUMAR plasmada en un nuevo reglamento de organización interna;
  • Diseño del procedimiento administrativo específico para los funcionarios afectados a la inspección de establecimientos.
  • Conformación de equipos capacitados para las inspecciones y revisiones administrativas
  • Soporte técnico externo para aplicar a los procedimientos de reconversión industrial
  • Nuevas sedes para la ACUMAR con un criterio de descentralización operativa;
  • Capacidad presupuestaria de corto, mediano y largo plazo
  • Modificación de la categoría de “agentes contaminantes” por la de “establecimientos sujetos a reconversión industrial”.

De esta manera, comienza a perfilarse un promisorio diálogo intrapoderes estructurado en torno a la decisión de la máxima instancia judicial de la República. Definitivamente, un caso paradigmático.

Alejandro Rossi, 8/6/2009.

Texto de la resolución comentada. Fuente: Centro de Información de la Corte Suprema de Justicia.

Juzgado Federal 22-5-09

Riachuelo, autoridad y gobierno.

Por estos días se vuelve hablar del derrotero del Riachuelo, una vez más y van…. Con razón, resulta muy difícil percibir los cambios. ¿Por qué es tan difícil, siendo políticamente redituable sin duda alguna y existiendo tantos fondos disponibles de origen presupuestario como de créditos internacionales?

Nadie cuestiona la trascendencia de la acción interpuesta por vecinos y organizaciones no gubernamentales en 2006, las sentencias de 2006 y 2008 dictadas por la Corte Suprema, ni tampoco, aun a fuerza de reacción, la creación de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, pero todo ello no alcanza para modificar la realidad, es decir, la contaminación del Riachuelo que es la única variable de decisión política que la sociedad civil, hoy, reconoce.

Más allá de la complejidad de cada tema, las cuestiones en juego no son tantas. Obras de infraestructura, control de la contaminación y reconversión de industrias, gestión ordenada de residuos, monitoreo y asistencia de la salud pública de grupos vulnerables y una mejora significativa de la planificación territorial, no mucho más.

Claro que la articulación de esos factores debe ser consistente en extremo, y para ello la descentralización de funciones es un obstáculo, especialmente en la etapa de puesta en marcha. Por eso la Corte exigió una verdadera Autoridad, el Poder Ejecutivo la diseñó, el Poder Legislativo la convalidó y finalmente el Juzgado Federal de Quilmes a cargo de la ejecución de sentencia la avaló. Y hasta el Banco Mundial reconoció en esa autoridad una garantía de éxito del programa de saneamiento que está a punto de financiar parcialmente en más de 800 millones de dólares.

Sin una acción centralizada el programa de saneamiento no puede avanzar. Con una Autoridad de Cuenca débil para inspeccionar, para clausurar, para imponer programas de reconversión, para dialogar con los sectores productivos, pero también con la sociedad civil, para dictaminar respecto de lo que estima técnica y presupuestariamente viable, y lo que no, el Plan Integral será una entelequia librada a un permanente test de mercado que, naturalmente en función del tiempo transcurrido, será considerado insatisfactorio.

Desde la creación de la Autoridad de Cuenca en 2007 se avanzó en materia de organización administrativa y también se ha integrado recientemente la regulación de segunda generación, que hasta el momento comprende estándares de volcamiento, reglamentos para la participación pública, protocolos de inspección de empresas, procedimiento para declarar agentes contaminantes y procesos de reconversión. También se vienen ejecutando acciones de limpieza y monitoreos puntuales. Pero falta mucho más.

El desafío está en la realidad que constituye el Riachuelo. En modificarla. En gobernarla más allá de plazos judiciales o electorales. Es un cometido que trasciende uno o más gobiernos, de la misma manera que 140 años de contaminación atravesaron todas las etapas y banderías. El conurbano que atraviesan los 2.200 kilómetros de la cuenca es un espacio eminentemente político con fuertes caudales electorales. Pero la gestión del programa debe estructurarse, impulsarse y ejecutarse técnicamente, a partir de los acuerdos políticos con la Nación, la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma y los 14 Municipios que fueron suscriptos en Agosto de 2006.

De allí la trascendencia de advertir que el mandato de la Corte a través de las sentencias dictadas, y también de las que aun están por dictarse en relación a los particulares, sólo podrá cumplirse a través de un ente ejecutor de naturaleza técnica con fuertes avales políticos y con una permanente rendición de cuentas ante las instancias de control.

Puede pensarse, quizás,  que en tiempo de crisis, el programa debería ser suavizado. Por el contrario, la corriente internacional indica que es el momento para asegurar el fondeo de las acciones estructurales y consolidar en tiempos de difíciles un programa que más adelante podrá ser administrado naturalmente. Para ello debe imprimirse a los objetivos un marcado realismo, y en todo lo atinente a la regulación de empresas debe abrirse un diálogo enriquecedor en materia de mejores tecnologías disponibles y recursos, antes que polarizarse un debate ideológico.

Una vez más aparecen los antecedentes de programas exitosos en el Tennesse de Estados Unidos, en el Thames de Reino Unido, en Lerma Chapala de México, el Sena de Francia, el Tieté de Brasil,  el Manzanares de España, el Mekong de China y la lista sigue con países que han superado los casos puntuales y tienen gestiones hídricas exitosas como los Países Bajos. Todos ellos comparten una columna vertebral sólida a través de organismos avalados políticamente y conducidos por un fuerte y calificado staff técnico, capacitado para llevar adelante los cambios necesarios a lo largo de las décadas por venir.

Alejandro Rossi

El dragado de PCBs en el HUDSON y un precedente para Riachuelo

Luego de muchos años, la empresa General electric comienza el dragado del lecho del río Hudson, que había sido ordenado en 2002 por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).  La noticia fue publicada por el New York Times.

La decisión pone fin a distintos cuestionamientos presentados en torno al riesgo de dispersión de contaminantes con motivo del dragado (básicamente PCBs) y comprende una primera etapa a lo largo de unos 10 kms, con potencial de extensión a casi 300.

En un momento de crisis, se trata de un antecedente de gran interés por la envergadura de la inversión, como también por la posible aplicación de criterios al Matanza Riachuelo donde en 1995 fue descartada la posibilidad de remover contaminantes del lecho en razón del riesgo de dispersión de contaminantes.

Cabe aclarar que el monto de la inversión está a cargo de General Electric, que debe aportarlos a Fondo de Compensación Ambiental conocido como Superfondo (CERCLA, por sus siglas en inglés), a través de varias etapas, cuyo inicio solamente alcanza la suma de 750 millones de dólares.

En el caso de Matanza Riachuelo, la cuestión reviste interés para re-considerar la navegabilidad del curso principal, como parte de una estrategia de ordenamiento territorial del área metropolitana comenzando, precisamente, desde el agua.

En efecto, si las acciones a cargo de la Autoridad de Cuenca, pudieran asegurar una “colonización” del cuerpo de agua y sus riberas, alcanzando navegabilidad, remoción de residuos, relocalización de viviendas y control de vertidos sobre ese estrecho sector territorial, podría entonces articularse una estrategia mucho más ambiciosa para extender gobernabilidad de la cuenca, tierra adentro.

Desde el punto de vista legal, la analogía es posible, desde el momento en que también aquí la Autoridad de Cuenca cuenta con un fondo de compensación ambiental y existe una causa judicial abierta donde pueden y deben plantearse y resolverse las distintas cuestiones vinculadas con la contaminación del Matanza Riachuelo.

Alejandro Rossi